En un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un drama silencioso para millones de ciudadanos, el reciente anuncio de una inversión de 7.000 millones de euros por parte del Gobierno y las comunidades autónomas para construir vivienda de protección oficial o viviendas sociales, ha sido recibido con un bombo que poco tiene que ver con la realidad. El titular es rimbombante, pero el contenido, si uno se molesta en hacer números, resulta decepcionante, una miga de pan en un banquete al que, desde hace décadas, solo se sientan promotores, fondos buitre y rentistas. 

Hoy en España, según diversas estimaciones, incluyendo las de organismos independientes, faltan más de 600.000 viviendas de protección pública para responder a las necesidades reales de los jóvenes, de las familias trabajadoras, de quienes han siso expulsados del mercado del alquiler por sueldos precarios o hipotecas asfixiantes. A una media de 120.000 euros por vivienda, construir ese volumen de vivienda social requeriría una inversión cercana a 72.000 millones de euros. Sí, setenta y dos mil millones. No siete mil. 

La diferencia es abismal, lo que se ha anunciado no llega ni al 10% de lo necesario. Con esos 7.000 millones, como mucho, se podrían levantar unas 58.000 viviendas. Si la cifra no indigna de por sí, basta con cruzar un par de datos. España lleva décadas sin una política pública de vivienda estructural y masiva, y ahora se intenta vender como ambiciosa una partida presupuestaria que solo cubre una fracción de déficit habitacional. Una limosna institucional frente a un problema estructural. 

Pero hay más. Mientras se rasca el bolsillo con cuentagotas para levantar vivienda pública, se ha eliminado la deducción por compra de vivienda habitual, una ayuda que fue fundamental para muchas familias durante años. Este recorte se empezó a fraguar bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que limitó la desgravación a las rentas más bajas en 2011. Luego, ya en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy la eliminó por completo para todas las nuevas compras, alegando que encarecía el mercado. Resultado, que los bancos siguieron ganando, pero el ciudadano medio perdió un derecho fiscal que le ofrecía un pequeño respiro. 

Porque ¿quién habla hoy del peso real de una hipoteca sobre los salarios de los trabajadores? Según datos recientes del Banco de España y diversas asociaciones de consumidores, mucho más del 50% del sueldo medio de una persona se va en pagar la hipoteca, más sus gastos derivados, seguros, comunidad, IBI, suministros etc. 

¿Qué margen le queda para vivir? ¿para alimentar a sus hijos, el transporte, el colegio, la salud? 

El sistema es, en el fondo, cruelmente perverso, se ha construido una cultura de propiedad privada como solución a la falta de vivienda pública, pero luego se penaliza fiscalmente a quien compra. 

¿Por qué no permitir desgravar por una hipoteca a cualquier trabajador que lo necesita, excluyendo eso sí a rentas muy altas o grandes propietarios? ¿Por qué castigar al ciudadano de a pie mientras se protege fiscalmente a grandes empresas inmobiliarias con privilegios fiscales, que compran bloques enteros y lo ponen en alquiler a precios desorbitados? 

La vivienda es un derecho constitucional, no un lujo. Pero en la práctica se ha convertido en un negocio, donde el Estado actúa más como notario que como garante del derecho a techo. Los 7.000 millones anunciados son, el precio de la foto, no de la solución. 

Hace falta valentía política. Hace falta una inversión real, estructural, sostenida. Y hace falta también, aliviar fiscalmente a quienes ya se han hipotecado hasta las cejas, porque comprar un hogar no puede seguir siendo una condena de por vida. O damos pasos decididos hacia un modelo más justo, o seguiremos llamando “política de vivienda” a lo que no pasa de ser marketing de campaña.

Conchi Basilio