Cada verano, España vuelve a vivir la tragedia de los incendios forestales. En cuestión de días, miles de hectáreas quedan reducidas a cenizas, se ponen en riesgo pueblos enteros y se destruyen ecosistemas que tardarán décadas en recuperarse, si es que llegan a hacerlo. Y, como siempre, surge la misma pregunta, ¿Quién tiene la culpa? 

Para algunos, el problema se explica por la acción de pirómanos. Otros señalan directamente al cambio climático como responsable absoluto. También hay quienes culpan a las leyes contradictorias que generan más obstáculos que soluciones. Todas estas explicaciones contienen parte de verdad, pero ninguna por sí sola basta para comprender la magnitud del problema. La realidad es que los incendios forestales en España son el resultado de un conjunto de causas interrelacionadas, y entre ellas hay una especialmente preocupante, la falta de gestión real por parte de las comunidades autónomas. 

El cuidado de montes y bosques es una competencia transferida a las autonomías. El Gobierno central destina fondos para ello, pero en demasiadas ocasiones ese dinero se externaliza en empresas privadas, sin que exista un control estricto sobre si el trabajo se cumple de manera adecuada. Así, se da la paradoja de que sobre el papel se invierte en prevención, mientras en la práctica los montes siguen descuidados, la vegetación se acumula y cualquier chispa, ya sea natural o intencionada, encuentra el escenario perfecto para desatar un infierno. 

Este abandono estructural, unido al vaciamiento rural y la falta de aprovechamiento económico sostenible de los montes, convierte amplias zonas en auténticos polvorines que arden cada verano. A esta dejadez se suma otra realidad que agrava la situación, las condiciones en las que trabajan los bomberos forestales. Se trata de profesionales que ponen en riesgo su vida frente a las llamas, pero a los que apenas se contrata durante tres o cuatro meses, coincidiendo con la temporada de verano. El resto del año, simplemente no existen como plantilla activa, lo cual impide que puedan llevar a cabo labores de prevención, limpieza o vigilancia durante los meses en que más se podría reducir el riesgo. 

Además, cuando trabajan, lo hacen en condiciones precarias, con sueldos que, en muchos casos, apenas alcanzan los 1.300 euros mensuales, pese a la dureza y peligrosidad de su labor. Esta falta de estabilidad y reconocimiento no solo desincentiva la profesionalidad del sector, sino que deja a los bosques indefensos durante la mayor parte del año. 

.- El resultado de todo esto es un escenario propicio para el desastre. El cambio climático, que eleva las temperaturas y prolonga las sequías. 

.- Abandono rural, que deja grandes extensiones sin actividad agrícola o ganadera que podría actuar como cortafuegos natural. 

.- Gestión forestal deficiente, en manos de autonomías que a menudo priorizan contratos y externalizaciones sobre resultados efectivos. 

.- Bomberos forestales precarizados, que solo se contratan unos meses y sin medios suficientes. 

.- Normativa confusa, que en algunos casos incluso se contradice, dificultando la coordinación. 

Con todos estos ingredientes, cada verano se repite el mismo drama, incendios de gran magnitud, evacuaciones, pérdidas humanas y materiales, y un paisaje arrasado que deja tras de sí un rastro de impotencia. 

Es imprescindible recordar que la gestión de montes y la contratación de brigadas forestales dependen directamente de las comunidades autónomas. Son ellas quienes reciben los fondos, quienes deciden si los bomberos forestales trabajan solo en verano o todo el año. Por tanto, no basta con culpar al cambio climático o los pirómanos, hay responsabilidades políticas concretas, que no pueden seguir escondiéndose bajo excusas. 

Los incendios no son inevitables, países con condiciones climáticas tan adversas como Portugal o Grecia están avanzando en estrategias de prevención mucho más serias y con resultados palpables. España en cambio, sigue atrapada en un ciclo de improvisación, precariedad laboral y falta de planificación a largo plazo. 

La única salida real pasa por asumir, que la lucha contra los incendios no puede reducirse a una respuesta estacional, ni a un despliegue de emergencia cuando el fuego ya está desatado. Es imprescindible: 

.- Profesionalizar y estabilizar a los bomberos forestales, con contratos anuales y sueldos acordes a su riesgo. 

.- Invertir en gestión forestal real y trasparente, con supervisión efectiva de los fondos públicos. 

.- Promover el aprovechamiento económico sostenible de los montes, para evitar su abandono. 

.- Reforzar la educación ciudadana en prevención y responsabilidad. 

.- Coordinar de manera clara y eficaz la actuación entre comunidades y Estado. 

Hasta que estas medidas no se asuman como prioritarias, seguiremos atrapados en la misma tragedia cíclica, incendios que arrasan nuestros bosques, que ponen en riesgo vidas y que nos recuerdan, año tras año, que la falta de previsión también mata.

Conchi Basilio