En España existe una verdad que se repite generación tras generación, cada vez que se debilita lo público, las consecuencias no las sufren quienes toman las decisiones, sino quienes dependen de esos servicios para vivir con dignidad. Y la experiencia demuestra que, cuando la derecha gobierna con una agenda centrada en recortes, privatizaciones y desregulación, las heridas sociales tardan años en cicatrizar. Por eso la pregunta no es sólo qué país queremos, sino qué país no estamos dispuestos a volver a aceptar. 

La sanidad y la educación, los dos termómetros sociales. El estado de la sanidad pública dice más de un gobierno que cualquier discurso. Cuando se recorta personal, cuando se privatizan servicios, cuando se externalizan áreas enteras como si la salud fuese un negocio rentable, lo que se está haciendo es redistribuir el sufrimiento, los vulnerables esperan, los ricos pagan. Y esa fractura ya se ha visto en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades donde los modelos privatizadores avanzan, aunque sus resultados generen desconfianza, polémicas o incluso denuncias. 

Con la educación ocurre algo parecido. La derecha suele presentar la “libertad de elección” como una cadena de derechos, pero la realidad es más simple, si las escuelas públicas pierden financiación y los colegios concertados ganan terreno aumenta la segregación social. Se crean aulas diferenciadas por nivel económico , por origen, incluso por expectativas vitales. Y un país que se divide desde la infancia es un país condenado a reproducir sus desigualdades durante décadas. 

Las políticas económicas conservadoras han demostrado repetidamente hacia quién se inclinan, grandes empresas, beneficios empresariales, rebajas fiscales que no llegan al ciudadano medio. Las subidas mínimas de pensiones del 0,25% y la parálisis del salario mínimo no fueron decisiones técnicas, fueron elecciones ideológicas. Y esas elecciones tuvieron un impacto directo en millones de personas que vieron cómo su nivel de vida retrocedía, mientras aumentaban los beneficios de quienes no sufrían la crisis. 

Cuando se frena el SMI, cuando se desmontan las reformas laborales que devuelven derechos, cuando se dificulta la negociación colectiva, la desigualdad crece. No es una hipótesis, es una constante histórica. 

Un país puede sobrevivir a la discrepancia política, pero no a la percepción de injusticia. Y la realidad es que en España existe una creciente preocupación social por la falta de igualdad ante la ley. Lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana con Mazón no es un episodio aislado, es un reflejo de cómo la ciudadanía percibe que hay decisiones que no pesan igual, según quién esté implicado o quién tenga el poder en ese momento. 

Cuando la justicia parece tener dos ritmos, uno para el ciudadano corriente y otro para quienes ocupan responsabilidades políticas, el contrato social se resquebraja. Y sin contrato social no hay convivencia, ni respeto institucional, ni democracia sólida. 

Por otra parte, la negación de la violencia de género, el cuestionamiento de los avances en igualdad entre hombres y mujeres, o el discurso que intenta relegar el cambio climático a una “moda ideológica” no son simples opiniones políticas, son retrocesos sociales con consecuencias tangibles. Cada ley desmantelada, cada observatorio cerrado, cada presupuesto recortado supone vidas afectadas, oportunidades truncadas, riesgos que se multiplican. 

Lo que está en juego no es un debate izquierda-derecha. Lo que está en juego es si queremos un país donde los derechos sean universales o un país donde los privilegios se disfracen de libertad. Un país que avance hacia la cohesión social o un país que vuelva al modelo donde sólo progresaba quien podía pagárselo. 

España no puede permitirse otro retroceso. No después de lo que costó recuperar derechos laborales, reforzar la protección social, mejorar la igualdad de género y rescatar servicios públicos que estaban al borde del colapso. 

Hoy más que nunca, votar no es solo elegir un gobierno, es elegir un modelo de sociedad. Y lo que decidamos ahora marcará el nivel de dignidad de toda una generación. Llegó la hora de quitar el precinto al cerebro, de mirar sin filtros, de pensar sin consignas. Porque hay momentos en los que un país tiene que decidir si avanza o retrocede. Y este es uno de ellos. La respuesta no está en los discursos, está en nosotros. Porque al final, lo que importa no es lo que nos digan, sino lo que nosotros decidamos pensar.

Conchi Basilio