Cada año, cuando se acercan las grandes decisiones económicas del Gobierno, vuelve a aparecer una fórmula ya conocida, este año el llamado decreto “ómnibus”. Bajo ese paraguas se agrupan medidas de naturaleza diversa, transporte, vivienda, fiscalidad, ayudas por catástrofes, incentivos empresariales o inversiones extranjeras, junto a otras que afectan directamente al núcleo de la vida de millones de personas, las pensiones y la protección social básica. 

La pregunta es legítima y cada vez más extendida entre la ciudadanía, ¿es razonable que derechos consolidados durante décadas queden vinculados a paquetes políticos complejos que se negocian en bloque? 

Las pensiones no son una concesión coyuntural ni una gracia gubernamental. Son el resultado de años, en muchos casos, décadas, de cotización al sistema público. 

Quienes hoy las perciben lo hacen porque cumplieron con sus obligaciones laborales y fiscales durante toda su vida. Por eso, su actualización anual para mantener el poder adquisitivo no debería presentarse como una carta negociable, sino como una obligación estructural del Estado. No puede quedar sometida a tensiones parlamentarias derivadas de asuntos ajenos a la Seguridad Social. 

Algo similar ocurre con las medidas sociales esenciales, la protección frente a desahucios de familias vulnerables, los descuentos energéticos para quienes no llegan a fin de mes, la garantía de suministros básicos o las ayudas extraordinarias ante catástrofes naturales. Estas políticas forman parte del mínimo de cohesión que debe sostener una sociedad avanzada. Separadas de debates fiscales o estratégicos permitiría que se tramitaran con mayor claridad y sin convertirse en moneda de cambio. 

El otro gran colectivo que aparece recurrentemente en estos decretos es el de los autónomos. Profesionales que sostienen pequeños negocios, comercios, talleres, explotaciones agrícolas, servicios técnicos o creativos. Personas que trabajan muchas veces más horas de las que figuran en ningún contrato, que dependen de la facturación diaria para sobrevivir y que asumen riesgos constantes en un contexto económico volátil. 

Para ellos, cada modificación en cotizaciones o impuestos tiene un impacto directo e inmediato. A diferencia de los asalariados, no siempre pueden permitirse enfermar, coger vacaciones o interrumpir la actividad. La cobertura por baja existe, pero en la práctica muchos siguen trabajando incluso cuando la salud no acompaña, por miedo a perder clientes o ingresos. Esa realidad explica por qué reclaman estabilidad normativa y previsibilidad, y por qué cualquier reforma que les afecte genera inquietud. 

Incluir sus condiciones en grandes paquetes legislativos, junto a medidas que nada tienen que ver con su actividad diaria, refuerza la sensación de incertidumbre. Si las cotizaciones, los limites fiscales o las ayudas al emprendimiento se discutieran en textos específicos, con debate monográfico y transparencia, el diálogo social sería más sólido y comprensible. 

El formato ómnibus tiene ventajas desde el punto de vista administrativo, rapidez, capacidad de reacción ante situaciones urgentes y simplificación de trámites. Sin embargo, también acarrea un coste político evidente, obliga a aceptar o rechazar un conjunto entero de disposiciones, incluso cuando se está de acuerdo con unas y otras. Y ahí es donde surgen la frustración y el malestar social. 

Pensiones, autónomos y protección social no son piezas secundarias en el tablero institucional. Afectan directamente a la dignidad material de millones de ciudadanos. Convertirlas en parte de grandes negociaciones parlamentarias transmite la impresión de que se juega con asuntos que deberían estar blindados por encima de coyunturas partidistas. 

Tal vez haya llegado el momento de replantear el método. De separar lo estructural de lo accesorio, de garantizar por vías propias la revalorización de las pensiones y la continuidad de las ayudas sociales básicas. De debatir las reformas que afectan a los autónomos con serenidad y foco exclusivo en su realidad económica. 

No se trata de privilegios, sino de derechos consolidados y de equilibrios imprescindibles para la estabilidad del país. Un Estado fuerte no es el que acumula medidas en un solo decreto, sino el que ofrece certidumbre a quienes han sostenido, y siguen sosteniendo, su funcionamiento día a día.

Conchi Basilio