Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. La decisión llega después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda que pretendían reforzar la protección de los hogares vulnerables, prorrogar determinados alquileres y aliviar una situación que, para miles de familias, se ha convertido en una auténtica pesadilla. 

Y ante este escenario hay una pregunta que, por encima de siglas, ideologías y estrategias electorales, deberíamos hacernos todos: ¿dónde queda la humanidad? 

Porque una cosa es discutir sobre política de vivienda, impuestos, mercado inmobiliario o cual es la mejor fórmula para aumentar la oferta de pisos. Todo eso es legitimo y necesario. Otra muy distinta es olvidar que detrás de cada expediente de desahucio hay personas. Personas mayores. Familias con hijos, personas enfermas. Trabajadores que no llegan a fin de mes. Mujeres solas. Ciudadanos que no pueden hacer frente a unos alquileres que en muchas ciudades han alcanzado precios desproporcionados. 

¿De verdad podemos hablar de progreso si una persona puede trabajar toda su vida y terminar sin poder pagar un techo? 

Los decretos de vivienda rechazados por el Congreso incluían medidas destinadas a proteger a determinados hogares vulnerables frente a los desahucios y prorrogas de alquiler. Fueron rechazados y, con ellos, quedaron en el camino medidas que podían haber beneficiado a ciudadanos que hoy viven con el miedo de perder su casa. 

Y aquí resulta inevitable formular una pregunta: ¿por qué no fue posible alcanzar un acuerdo cuando estaban en juego personas especialmente vulnerables? 

Si los decretos eran malos, podían mejorarse. Si eran insuficientes, podían presentarse alternativas. Si perjudicaban a los propietarios, podrían buscarse fórmulas para proteger también a los pequeños arrendadores. 

La política consiste precisamente en eso: negociar, corregir, ceder cuando sea necesario y buscar soluciones. Lo que no debería ocurrir es que una persona vulnerable termine convertida en una pieza más del tablero político. 

Pero tampoco debemos votar olvidando el pasado. Porque la memoria también forma parte de la democracia. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la reforma de pensiones de 2013 desvinculó la revaloración de las pensiones del IPC y estableció un incremento del 0,25%. El propio Gobierno explicó entonces que ese era el mínimo legal garantizado. ¿De verdad queremos volver a esos tiempos? 

Se trata de recordar que significó para quienes tenían una pensión pequeña y veían cómo aumentaban los gastos cotidianos mientras sus ingresos apenas crecían. 

También hubo años de fuerte contención salarial y de pérdida de poder adquisitivo para distintos colectivos. Y todo ello debe formar parte de la memoria con la que cada ciudadano se enfrente ahora a las urnas. 

Lo mismo ocurre con los procedimientos judiciales que durante años han acompañado a distintos dirigentes y antiguos cargos del PP. Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen o la investigación relacionada con Cristóbal Montoro, son nombres que han formado parte durante años de la actualidad judicial. Kitchen, por ejemplo, llegó a juicio en 2026, trece años después de los hechos investigados, y quedó visto para sentencia en julio. Significa recordar que los ciudadanos tenemos derecho a conocer la trayectoria política de quienes solicitan nuestro voto y a valorar los hechos, las decisiones y las responsabilidades judiciales con el máximo rigor. 

Porque los partidos no deberían pedirnos que olvidemos aquello que ocurrió simplemente porque vuelven a comenzar una campaña electoral. Ahora serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra. 

Y precisamente por eso estas elecciones deberían servir para algo más que para elegir quien ocupa el poder. Deberían servir para que cada ciudadano mire hacia atrás, analice lo ocurrido y valore qué políticas han mejorado realmente su vida y cuáles la han hecho más difícil. 

Hay que votar con cabeza, con criterio, con memoria. 

No basta con escuchar promesas durante una campaña electoral, porque prometer es fácil cuando se necesita un voto. Lo verdaderamente importante es mirar qué han hecho los partidos cuando han tenido que decidir. 

¿Han defendido a los pensionistas cuando apenas llegaban a fin de mes? ¿Han protegido a las familias que no pueden pagar un alquiler? ¿Han dado respuestas a quienes esperan una ayuda de dependencia? ¿Han defendido la sanidad y los servicios públicos? ¿Han buscado soluciones para los jóvenes que no pueden emanciparse? 

Y hay otra pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿quieren gobernar para solucionar los problemas de la ciudadanía o simplemente gobernar para alcanzar poder? Porque llegar al poder no puede ser el objetivo final de la política. Debería ser mejorar la vida de las personas. 

Hay que comprobar quién está dispuesto a defender a quienes más necesitan protección cuando llega la hora de tomar decisiones. Porque una democracia no se fortalece votando de memoria, sino votando con memoria. 

Y una sociedad se mide, sobre todo, por la manera en que trata a quienes menos tienen, a quienes están solos y a quienes no pueden defenderse por sí mismos. 

Si hemos perdido la capacidad de ponernos en el lugar de quien puede quedarse sin techo, de quien vive con una pensión insuficiente o de quien no encuentra una respuesta cuando más la necesita, quizá el problema no sea solamente político. Quizá también sea humano.

Conchi Basilio