La política debería ser, ante todo, un ejercicio de responsabilidad. Quienes aspiran a gobernar un país tienen la obligación de presentar propuestas realistas, explicar cómo piensan llevarlas a cabo y, sobre todo, respetar la inteligencia de los ciudadanos. Porque una cosa es hacer campaña electoral y otra muy distinta pretender que la sociedad acepte como verdades incuestionables cifras que, cuando se contrastan, no siempre se corresponden con la realidad.
El reciente cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volvió a poner de manifiesto una práctica preocupante: utilizar datos parciales, sacar cifras de contexto y presentar determinadas afirmaciones como hechos indiscutibles. No se trata de defender a un presidente ni de justificar los errores de un Gobierno. Se trata de exigir a todos el mismo rigor, especialmente a quienes pretenden dirigir los destinos de millones de personas.
Uno de los ejemplos más significativos fue el de las 184.000 viviendas anunciadas por el Gobierno. Feijóo aseguró que solamente se habían entregado 540. Sin embargo, esa cifra correspondía a determinadas promociones comunicadas públicamente por el Ejecutivo, no al conjunto de viviendas protegidas terminadas. Según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, entre el primer trimestre de 2023 y el segundo de 2026 se han terminado 47.346 viviendas protegidas. La diferencia es considerable y cambia por completo el significado de aquella afirmación.
Pero si hablamos de vivienda, también convendría mirar atrás y examinar la gestión de quien ahora promete construir un millón de casas en cuatro años. Feijóo presidió la Xunta de Galicia durante catorce años. En ese periodo se terminaron 7.633 viviendas protegidas, pero más de 6.400 procedían de proyectos anteriores a su llegada al Gobierno autonómico. Si se consideran las promociones planificadas y terminadas durante sus gobiernos entre 2013 y 2022, la cifra ronda las 130 anuales.
Incluso anunció en 2016 la construcción de 1.600 viviendas protegidas en San Paio de Navia, en Vigo. Una década después, las familias que esperaban aquellas viviendas seguían sin recibir sus llaves. ¿Con qué autoridad se pueden presentar ahora grandes objetivos sin explicar por qué tantas promesas anteriores quedaron pendientes?
También merece atención su gestión sanitaria. Durante los primeros cuatro años de su presidencia gallega, el presupuesto sanitario sufrió un recorte acumulado de 811 millones de euros en términos reales, según el análisis de su evolución presupuestaria.
Cuando abandonó la Xunta en 2022, el presupuesto sanitario apenas superaba en un 0,9% el de 2009, una vez descontada la inflación. Son antecedentes que deben conocerse cuando se pretende ofrecer una determinada imagen de gestión, asegurando que no miente.
Por supuesto, tampoco el Gobierno de Sánchez está libre de errores. El propio presidente afirmó que durante sus ocho años se había construido un millón de viviendas, cuando los datos disponibles contabilizaban 719.602. La honestidad exige reconocerlo. Gobernar obliga a rendir cuentas, no a seleccionar únicamente las cifras favorables. Aunque en muchos aspectos las diferencias son distintas.
Y llegamos a una de las promesas que más preguntas suscita: construir un millón de viviendas en una legislatura. ¿Cómo se pretende conseguir semejante objetivo? En los cuatro ejercicios comprendidos entre 2022 y 2025 se terminaron en España 373.495 viviendas. Alcanzar un millón en cuatro años supondría multiplicar por más de dos veces y media ese ritmo.
El problema no es únicamente construir. Hay que disponer de suelo, trabajadores, materiales, infraestructuras, financiación y una planificación que permita convertir los anuncios en viviendas habitables. Y aquí aparece otra cuestión que no puede quedar sin respuesta: si se anuncian rebajas fiscales, bonificaciones y reducciones de impuestos, ¿de dónde saldrán los recursos públicos necesarios para financiar las infraestructuras, las ayudas y la construcción de vivienda protegida?
El programa de PP contempla la colaboración público-privada y una mayor financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos que impulsen vivienda. Son mecanismos posibles, pero requieren presupuestos, compromisos económicos y explicaciones concretas. Las rebajas fiscales también tienen un coste en ingresos públicos. No basta con anunciar simultáneamente más inversión y menos recaudación sin presentar las cuentas que demuestren cómo se compensará esa diferencia.
Los ciudadanos no necesitan competiciones de cifras ni enfrentamientos convertidos en espectáculos. Necesitan saber qué se hará con sus impuestos, qué ocurrirá con sus pensiones, cómo se protegerá la sanidad pública, qué recursos tendrá la dependencia y qué posibilidades reales tendrán sus hijos de acceder a una vivienda digna.
La democracia no consiste en aplaudir a quien mejor habla, sino en exigir resultados a quien gobierna y credibilidad a quien pretende gobernar. Las promesas electorales no deberían tener fecha de caducidad al día siguiente de las elecciones.
Porque los ciudadanos no son espectadores a los que se pueda convencer con titulares. Son quienes pagan los impuestos, sostienen los servicios públicos y sufren las consecuencias de las decisiones políticas.
Gobernar exige mucho más que prometer. Y la ciudadanía merece algo tan sencillo y tan importante como que no se le confunda, no se le manipule y no se le trate como si no supiera distinguir entre una cifra y una realidad.
Conchi Basilio