Hay decisiones políticas que no deberían tomarse a la ligera, porque afectan directamente a la vida, la dignidad y los derechos de millones de personas. Cuando dos formaciones políticas necesitan unir sus fuerzas para alcanzar el Gobierno, los ciudadanos tienen derecho a conocer no solamente sus promesas electorales, sino también qué compromisos están dispuestos a asumir y qué derechos podrían quedar condicionados por esas negociaciones. 

Una posible alianza entre el PP y Vox para gobernar España obliga a plantear una reflexión seria. No se trata de anticipar decisiones que todavía no se han tomado, sino de examinar las propuestas de ambas formaciones y preguntarse qué consecuencias podrían tener si se incorporasen a un mismo programa de Gobierno. 

La protección de las mujeres es una de las cuestiones más preocupantes. España acumula 1.385 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003. A esta tragedia se suman 68 menores asesinados desde 2013 en el contexto de la violencia ejercida contra sus madres. Niños utilizados para causar el mayor sufrimiento posible a una mujer. Ante semejante realidad, ¿qué sentido tiene eliminar una legislación especifica que reconoce la violencia machista y establece mecanismos particulares de protección? Vox propone derogar la Ley integral contra la Violencia de Género y sustituirla por una legislación general de violencia intrafamiliar. Pero la violencia contra las mujeres tiene características propias que no pueden ignorarse ni diluirse. La protección no debe retroceder cuando todavía hay vidas que salvar. 

Las pensiones constituyen otro asunto que merece una garantía inequívoca. Una pensión no es un regalo de ningún Gobierno, ni una ayuda concedida por generosidad política. Es un derecho adquirido después de toda una vida de trabajo, esfuerzo y cotizaciones. Por eso, su poder adquisitivo debe protegerse sin excepciones. Las revalorizaciones tienen que responder al IPC real, reflejando el encarecimiento efectivo de la vida, sin fórmulas que produzcan desfases y hagan perder capacidad de compra a quienes dependen de una pensión para vivir. Y hay algo que debe quedar absolutamente claro: no se puede regresar bajo ningún concepto a las subidas del 0,25% que se aplicaron durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Ningún pensionista debería volver a comprobar cómo su pensión sigue perdiendo valor mientras los alimentos, la electricidad, la vivienda y los medicamentos siguen encareciéndose. 

Además, Vox ha planteado en su programa económico de 2025 transformar progresivamente el sistema actual de reparto hacia un modelo mixto de capitalización y reparto. Una propuesta que merece explicaciones detalladas sobre sus efectos y garantías. Los pensionistas actuales y los futuros trabajadores necesitan certezas, no incertidumbres. 

La sanidad pública y la dependencia tampoco pueden convertirse en terrenos de negociación. Las personas mayores, enfermas o con discapacidad necesitan servicios públicos suficientes, profesionales y atención digna. Quien espera meses o años por una valoración de dependencia, una intervención quirúrgica o una prestación no puede quedar relegado a un segundo plano por decisiones políticas que prioricen los recortes o la reducción de recursos. 

También preocupa la protección del medioambiente. El cambio climático no es una discusión partidista: sus consecuencias afectan a la salud, la agricultura, los recursos naturales y la seguridad de las personas. Derogar las políticas de transición ecológica sin alternativas eficaces sería trasladar el coste a las generaciones presentes y futuras. 

Y están los derechos sociales, la igualdad, la educación y la protección de quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Son conquistas que han necesitado años de reivindicaciones, esfuerzo y lucha colectiva. Ninguna sociedad debería retroceder por intereses coyunturales. El PP y Vox ya han alcanzado acuerdos de gobierno en varias comunidades autónomas. Por tanto, no resulta exagerado preguntarse qué condiciones exigirá Vox para facilitar una mayoría nacional y hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Partido Popular para conseguirla. 

Gobernar no consiste simplemente en alcanzar una mayoría, ocupar los ministerios o conseguir el poder. Gobernar significa administrar con responsabilidad, garantizar derechos, mejorar los servicios públicos y procurar que la vida de los ciudadanos sea más justa y digna. 

Los derechos de las mujeres no son negociables. Las pensiones tampoco. La sanidad, la dependencia y la protección social no son privilegios que puedan concederse o retirarse según quien gobierne. Quienes aspiran a dirigir un país deben comprender que España no les pertenece. Pertenece a sus ciudadanos, a quienes trabajan, cotizan, cuidan, enferman, envejecen y sostienen con su esfuerzo los servicios y las instituciones. 

El poder es temporal, pero los derechos conquistados pertenecen a toda la sociedad. Y ningún acuerdo para gobernar debería servir de excusa para arrebatárselos.

Conchi Basilio