Hay una realidad que demasiadas veces queda relegada en los debates políticos: millones de personas han dedicado prácticamente toda su vida a trabajar, cotizar, pagar impuestos y contribuir al sostenimiento de un país que, llegado el momento de su jubilación, no siempre les devuelve la seguridad y la tranquilidad que merecen. Personas que han trabajado cuarenta o cincuenta años y que ahora tienen que calcular cuánto pueden gastar en alimentación, electricidad, calefacción o medicamentos para conseguir llegar a final de mes. ¿De verdad es este el reconocimiento que merece toda una vida de esfuerzo? 

Las pensiones no son un regalo de ningún Gobierno. Son el resultado de décadas de trabajo y cotizaciones. Por eso, su revalorización no puede convertirse en una operación estadística que, cuando llega al bolsillo del pensionista, ya ha perdido buena parte de su eficacia. El sistema actual utiliza la media de la inflación de doce meses que ya han transcurrido, mientras los ciudadanos afrontan los precios que existen hoy. Los alimentos, la electricidad y los suministros no bajan porque meses atrás la inflación fuese menor. Los precios se consolidan y ya se quedan, mientras las pensiones continúan intentando alcanzarlos, pero nunca llegan para algunos.Es imprescindible reformular el sistema. La subida anual debe garantizar, como mínimo, el IPC real, con mecanismos de compensación cuando se produzcan desviaciones. Además, debe contemplar tramos de cuantía, porque no tiene las mismas necesidades quien percibe 1.300 euros que quien cobra 2.800. Las pensiones más bajas necesitan una protección reforzada y una mejora adicional que permita reducir las desigualdades. Esta garantía debe quedar establecida por ley y vinculada a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter obligatorio y automático, gobierne quien gobierne. 

También resulta necesario revisar la fiscalidad. Una propuesta que merece consideración es establecer un mínimo exento de IRPF para las pensiones de hasta 28.000 euros anuales. No se trata de privilegios, sino de proteger a quienes necesitan que sus ingresos alcancen para vivir. El incremento anunciado sobre el papel no siempre se corresponde con el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria. 

Tampoco podemos olvidarnos de quienes redujeron su jornada laboral para cuidar de sus mayores o personas dependientes. Hablamos de mujeres y hombres que sacrificaron parte de sus ingresos y de sus oportunidades profesionales para atender a quienes necesitaban su ayuda. En ocasiones, esa reducción terminó perjudicando su jubilación. Aunque posteriormente se han introducido medidas para proteger determinados periodos de cuidado, quienes ya estaban jubilados y sufrieron aquellas consecuencias no deben quedar olvidados. ¿Acaso cuidar de nuestros mayores fue menos necesario hace cinco o diez años? Una reforma verdaderamente justa debe estudiar el reconocimiento de esos periodos también para quienes ya se jubilaron, cuando corresponda y establecer mecanismos de compensación. Cuidar también es trabajar, aunque no siempre tenga reconocimiento salarial. 

Pero el problema no termina en las pensiones. También hay que hablar del dinero público, de los asesores innecesarios, de las puertas giratorias y de los privilegios vinculados al ejercicio de determinados cargos. Gobernar exige preparación, capacidad y responsabilidad. No se necesitan estructuras interminables de asesores para suplir la falta de preparación de quienes deben tomar decisiones. Y quien no esté capacitado para ejercer una responsabilidad pública debe dar un paso al lado. La política no puede convertirse en una profesión de privilegios ni aforamientos desconectada de la realidad de quienes la sostienen. ¿Dónde está la dimisión de Mazón? Sigue aforado y con un cargo que conlleva escolta, coche y diversos servicios, además de cobrar un sobresueldo en un cargo distinto. 

También debemos atrevernos a debatir sobre el coste, la utilidad y la justificación de las instituciones, incluida la monarquía. Cada euro de los presupuestos públicos merece transparencia y una explicación. La ciudadanía tiene derecho a exigir eficiencia y responsabilidad en el destino de sus impuestos. 

Mientras tanto , miles de personas siguen buscando una vivienda que pueda pagar. Durante años, la construcción de vivienda protegida y social ha sido insuficiente para responder a las necesidades de la población. Tanto en régimen de compra como de alquiler, las oportunidades de acceder a una vivienda asequible siguen siendo escasas. Han pasado distintos gobiernos y ninguno ha conseguido dar una respuesta estructural a un problema que condiciona la vida de jóvenes, familias y personas mayores. La vivienda no puede ser exclusivamente un negocio: es una necesidad básica que requiere políticas públicas sostenidas y una planificación a largo plazo. 

Y en esta realidad también debemos hablar de inmigración. Hay personas que arriesgan su vida porque en sus países no encuentran seguridad, alimento ni oportunidades para vivir dignamente. No importa de dónde procedan: quien llega, respeta nuestras leyes y quiere trabajar, merece respeto y un trato digno. No todos son violadores o agresores, para ello se hace un cribado antes de aceptarlos e integrarlos. Muchos desempeñan trabajos esenciales en la agricultura, la construcción, la recogida de fruta, actividades que necesitan mano de obra y contribuyen a sostener nuestra economía. Discriminar por el origen no soluciona ningún problema. Necesitamos integración, derechos, obligaciones y oportunidades para todos. 

La ciudadanía está cansada de discursos, enfrentamientos y promesas que se repiten elección tras elección. No basta con señalar los errores del adversario cuando se gobierna, ni con prometer soluciones cuando se está en la oposición. Todos los partidos deben presentar programas con compromisos concretos, reales, plazos, financiación y mecanismos de cumplimiento. Y las promesas incumplidas deben tener consecuencias políticas. Que aún existen personas que han gobernado y no rindieron cuentas de sus errores, al contrario, siguen cuestionando a otros. Mientras están de asesores en empresas multinacionales y ganando millones. 

Un país no se mide por los privilegios de quienes lo dirigen, sino por la dignidad con la que viven sus ciudadanos. Ha llegado el momento de que esa dignidad deje de figurar únicamente en los discursos y se convierta en una obligación real de quienes gobiernan. Porque trabajar toda una vida no puede terminar siendo una condena a vivir con estrecheces durante la jubilación.

Conchi Basilio