PRESUPUESTOS 2018

Montoro entrega al Congreso el proyecto de Presupuestos del Estado de 2018

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 destinan 196.782 millones de euros al gasto social, lo que supone casi el 56% del gasto total consolidado (2,8% más que en 2017). El mayor porcentaje de gasto social (el 73,6%) se destina a las pensiones, que absorben 144.834 millones de euros, 5.188 millones más que en 2017, debido al aumento previsto del número de pensionistas, a la revalorización por ley del 0,25%, al incremento de la pensión media de los nuevos beneficiarios y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para subir las pensiones más bajas.

Esa es la línea más destacada de los presupuestos presentados este martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que son las segundas cuentas públicas del Gobierno en esta legislatura y que, de momento, no cuentan con una mayoría parlamentaria suficiente para salir adelante.

En concreto, de los más de 5.000 millones de aumento del gasto en pensiones, más de 4.000 millones cubrirán el alza prevista de nuevos pensionistas y los otros 1.000 millones responden a las medidas anunciadas hace una semana para beneficiar a los pensionistas que cobran menos.

El gasto en sanidad y educación se incrementa un 3,9% y un 3%, respectivamente. Así, esas partidas ascienden a 4.251 y 2.600 millones de euros, respectivamente. Se trata de un gasto complementario al que realizan las comunidades autónomas que asumen la mayoría del gasto en esas áreas por tratarse de competencias transferidas.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, desciende un 3,4% la partida destinada a su pago, "por la continua mejora del mercado de trabajo". Además, el proyecto destaca el incremento en 217 millones de euros en las políticas de fomento del empleo (un 3,9% más).

Aparte, el proyecto de ley cuenta con 500 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo para complementar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyo objetivo es "retribuir a los jóvenes menores de 25 años que se están formando para encontrar un trabajo o mejorar en el que ya tienen", según ha explicado el secretario de Presupuestos, Alberto Nadal.  

El borrador de las cuentas para este año incluye una batería de medidas destinadas a cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que implican un incremento de 80 millones de euros en las partidas destinadas a ponerlo en marcha.

Además, las comunidades y los ayuntamientos deberán incluir en sus presupuestos subidas de 100 y 20 millones de euros respectivamente, para financiar medidas de este Pacto, "para lo cual -explica el documento- contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación".


Aumento de 4.200 millones en las transferencias a autonomías y ayuntamientos

Respecto a las transferencias a otras administraciones territoriales en el marco de los sistemas de financiación, este año alcanzan 123.250 millones de euros, 4.248 millones más que en 2017. De ellos, 105.020 millones de euros serán para las comunidades autónomas y 18.230 millones para las corporaciones locales. De su asignación, las comunidades destinan el 68% de su presupuesto a sanidad, educación y protección social.

El proyecto de PGE de este año incluye también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan reinvertir el superávit presupuestario, al igual que se permitirá hacer a los ayuntamientos.

Entre los requisitos que deberían reunir las comunidades para acogerse a estas reglas están, entre otros, que presenten superávit en el ejercicio anterior o que, en los 6 meses previos a la aplicación de esta disposición, hayan cumplido la normativa de morosidad en el pago a proveedores.


Menos de un 10% de gasto para los ministerios

Según ha destacado Alberto Nadal, la mayoría del gasto público se realice a través de comunidades autónomas y sistema de Seguridad Social (que incluye el pago de pensiones y la protección del desempleo) y que menos del 10% del gasto total de los PGE vayan destinados a actuaciones de los ministerios.

Así, el proyecto del Ejecutivo mantiene sin cambios el techo de gasto del Estado aprobado en julio del año pasado (119.834 millones de euros, un 1,3% más que en 2017). De esa cantidad hay que restar el gasto en intereses de la deuda del Estado -31.547 millones de euros, un 1,9% menos que el año anterior- y otros gastos no ministeriales, como son el gasto de clases pasivas y las aportaciones al Presupuesto de la UE, que en total ascienden a 35.186 millones de euros. Se obtiene así el gasto no financiero de los ministerios, que totaliza 53.101 millones de euros.

De esa cantidad hay que restar también las trasferencias a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y las transferencias que los ministerios realizan a las comunidades mediante convenios, conferencias sectoriales o subvenciones. De esta manera, se obtiene el gasto disponible de los ministerios: 37.776 millones de euros, un 5% más que el año pasado.


Subidas en la inversión en I+D+i e infraestucturas

Aparte de las políticas sociales, los PGE para 2018 contemplan un aumento del 8,3% en la dotación a la política de I+D+i, que recibe 7.044 millones de euros, "consolidándose la senda creciente de esta partida".

La inversión en infraestructuras aumenta en algo más de 800 millones de euros, hasta sumar un total de 5.675 millones. Este es el primer incremento de la dotación de esta partida desde el comienzo de la crisis.

En lo que respecta a la Función Pública, se plasma el acuerdo alcanzado con los sindicatos de empleados públicos, con una subida del 1,75% de los salarios de ese colectivo este año. Además, se inicia la comprometida equiparación salarial del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

En cuanto a los ingresos, el proyecto presupuestario para este año estima que ascenderán a 233.508 millones de euros, "con un incremento de los ingresos tributarios del 6% respecto a la recaudación de 2017. Por tipo de impuesto, el IRPF se incrementa un 6,5%; el IVA, un 5,6%, y el Impuesto de Sociedades, un 4,8%".

Según el borrador de las cuentas, ese aumento de la recaudación es "compatible" con la rebaja aprobada para el IRPF de este año, dirigida a las familias y a las personas con menores rentas.


Tradicional presentación en el Congreso

Pasadas las 09.15 horas, Montoro ha posado para los medios gráficos en el Patio de Floridablanca de la Cámara Baja, acompañado por los secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal; Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y de Función Pública, Elena Collado, junto a otros altos cargos del departamento.

Acto seguido, Pastor ha recibido en su despacho a Montoro, con el que ha analizado los plazos y la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas de 2018.

Posteriormente, ambos se han dirigido al Salón de Pasos Perdidos, donde se ha celebrado oficialmente el acto de entrega del proyecto de ley, en presencia de altos cargos del Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rubén Moreno, y miembros de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos del Congreso.


Reunión de la Mesa para decidir la tramitación

Los Presupuestos han llegado al Congreso en una tableta electrónica y en un lápiz de memoria USB, aunque Montoro también ha entregado a Pastor el llamado "libro amarillo", que resume los capítulos y partidas de las cuentas públicas, que también pueden consultarse a través de internet.

Tras la entrega oficial de los presupuestos, la Mesa del Congreso se reúne para decidir el calendario de tramitación de las cuentas públicas, que comenzará con la comparecencia de altos cargos antes de que se debatan en el pleno las enmiendas a la totalidad, probablemente en la última semana de este mes de abril.

Al igual que los del año pasado, las cuentas públicas comenzarán su tramitación parlamentaria bien entrado su ejercicio de aplicación. De momento, solo cuentan con el apoyo de Ciudadanos, mientras el PNV, cuyos votos son necesarios para la aprobación, ha advertido que no los votará mientras esté en vigor el artículo 155 en Catalunya.