El plan de Marruecos para el Sahara prevé un referéndum sobre el estatuto de autonomía para la región

El plan de autonomía para el Sahara Occidental, que Marruecos presentó a la ONU, prevé celebrar un referendo sobre un estatuto de autonomía para el territorio, que tendrá competencias de administración local y en ámbitos como agricultura, industria, servicios básicos y educación. El plan prevé que en ese referendo sobre un estatuto de autonomía participe la población del Sáhara y las autoridades marroquíes considerarán esa consulta como un ejercicio del derecho de autodeterminación. "Como resultado de las negociaciones, el estatuto de autonomía será sometido a referendo por las poblaciones implicadas, de acuerdo con el principio de autodeterminación y las provisiones de la Carta de la ONU", se agrega en el texto. En la propuesta, que fue entregada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Marruecos expresa su disposición a iniciar negociaciones "profundas y serias" con las partes a la búsqueda de una solución "mutuamente aceptable" como está esperando la comunidad internacional. "El plan de Marruecos no contiene detalles sobre el proyecto de autonomía. En esta fase, se limita a definir las directrices y principios para (crear) un Gobierno autónomo, lo que permitirá a las partes enriquecer la propuesta durante las negociaciones", se expone en el documento presentado. Marruecos también prevé el establecimiento de medidas de confianza y de transición, como la amnistía, el retorno de refugiados y la creación de un consejo de transición, destinadas a preparar la celebración de las primeras elecciones autónomas de la región. Con el objetivo de poner fin al sufrimiento de los saharauis que ahora se encuentran en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) el plan también incluye disposiciones para la reunificación y el retorno de la población. Según el plan, los saharauis gestionarán democráticamente sus asuntos, a través de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, y dispondrán de los recursos financieros necesarios para ello, y para impulsar el desarrollo económico, social y cultural. Las competencias del Gobierno autónomo afectarán a materias administrativas, de policía local y judicial, así como a la planificación económica y la promoción de inversiones, la industria, el comercio, la agricultura y el turismo. La administración autónoma también tendrá competencias presupuestarias, fiscales y de infraestructuras y servicios básicos (transportes, electricidad, agua, y otros servicios públicos), así como sociales, en materia de vivienda, educación, empleo y bienestar social.