La Audiencia Nacional absuelve a los 18 acusados por el fraude del lino

La sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional absolvió a los 18 acusados por el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil al estimar que no existió delito y que la actuación "de todos y cada uno" de los procesados fue correcta. En una sentencia, el tribunal afirma que "la profusa y continuada labor de investigación y control" realizada por las Comunidades Autónomas para vigilar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Unión Europea (UE) para el abono de las subvenciones "nunca debió rebasar los límites del citado ámbito de inspección administrativa". Así, la sala dice que "bastaba ahondar en el conjunto de datos que las diversas administraciones poseían o a las que podían tener acceso a través de los continuos y rigurosos controles para llegar a la conclusión, como ha llegado el tribunal" de que entre los productores de lino y los transformadores no había ningún tipo de "connivencia falsaria". La Audiencia reconoce que el gran auge del cultivo del lino en España "vino dado, única y exclusivamente, por las subvenciones al referido producto por la UE", de modo que de doscientas hectáreas antes del año 1994 se pasó a las 30.000 hectáreas en 1998 a pesar de ser "absolutamente desconocido" para los agricultores, no tener salida comercial y no ser el campo español idóneo para su cultivo. "No obstante lo anterior, pese a tales dificultades, surge un tremendo interés por el cultivo del referido producto que, desde todas las instancias, es patrocinado oficialmente", señala la sentencia. Los magistrados añaden que fue ese auge en el sector del lino -motivado por la subvención de 120.000 pesetas por hectárea- el que llevó a la UE, al percatarse del gran crecimiento de ese cultivo, a pedir información a la Administración española sobre los mecanismos de control instaurados a fin de determinar si eran suficientes o, por el contrario, permitían algún tipo de fraude. El tribunal destaca que la Administración controlaba la extensión de las parcelas de los productores y las declaraciones de siembra, pero no la cosecha de lino efectivamente obtenida, ni la contabilidad "real y material" que los transformadoras le proporcionaban "puntualmente". A pesar de ello, tanto las autoridades españolas como las europeas se mostraron convencidas de "la existencia de un fraude generalizado entre las empresas destinadas a la transformación de la varilla de lino", sustentado en "la imposibilidad de transformar lo que las transformadoras certifican". La sala dice, sin embargo, que las pruebas practicadas en el juicio "han permitido llegar al tribunal a la conclusión, ajena a cualquier duda racional, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sobre la correcta actuación de todos y cada uno de los acusados". La Fiscalía Anticorrupción pidió entre siete meses y tres años de prisión para los acusados por este presunto fraude, supuestamente producido en Castilla-La Mancha (a través de las transformadoras COLINO, COLISUR 2000 y CELITEX), Castilla y León (a través de TEXAR, ECOAGROCAS y la cooperativa Los Linares), Aragón (también ECOAGROCAS) y Extremadura (a través Lino Textil de Extremadura). En el juicio, que concluyó en febrero tras comenzar el 5 de octubre de 2006, en el pabellón que la Audiencia Nacional tiene en el recinto ferial de la Casa de Campo, también estaba imputado el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, al que el tribunal excluyó de la vista y para quien el fiscal pedía un año de prisión por tráfico de influencias. El tribunal estimó las alegaciones de la defensa de López de Coca y consideró que su caso no tenía conexión con el de los otros procesados y que el delito del que estaba acusado no es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que deberá ser enjuiciado por otro órgano. El fraude en el sector del lino se había producido supuestamente en las temporadas 1998-99 y 1999-2000 y supuso una presunta estafa de 3 millones de euros, aunque la UE sancionó a España por ello con la pérdida de 113 millones de euros en ayudas agrícolas.