PSdeG y BNG rechazan una iniciativa del PP para compensar económicamente los efectos "negativos" de la Lei do Litoral

Los populares advierten de las consecuencias que tendrá sobre los ingresos municipales

PSdeG y BNG rechazaron una iniciativa impulsada por el grupo parlamentario 'popular' en la que se pedía a la Xunta compensaciones económicas para paliar los "efectos negativos" que, presuntamente, se van a derivar de la aplicación de la Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia. Nacionalistas y socialistas coincidieron en señalar que los concellos gallegos no van a padecer las supuestas consecuencias negativas de la aplicación de la normativa impulsada por la Consellería de Política Territorial y que será aprobada en el Parlamento en el primer pleno de mayo. Por su parte, el diputado del PPdeG Manuel Ruiz Rivas aseguró que la Xunta traslada "a súa incompetencia" a 87 concellos gallegos que, añadió, "levan todo o tempo de Goberno bipartito" sin "recibir axudas" para adaptar sus planes urbanísticos a la legislación y reiteró que la medida puesta en marcha por el departamento que dirige María José Caride tendrá "un efecto negativo" en las economías de los municipios gallegos costeros al verse afectados "pola suspensión de licenzas municipais" y por los "costos económicos" que dicha medida lleva aparejados. Para los 'populares', la aplicación de la Lei do Litoral implica un "risco certo" de que los concellos se vean obligados a "recortar servizos" como consecuencia de la disminución de ingresos derivados de la concesión de licencias urbanísticas y tasas de otro tipo. Con el fin de paliar esta situación, el PP propuso que los criterios de reparto de esa partida adicional de 20 millones de euros fuesen fijados a través de la Comisión Galega de Cooperación Local. El diputado del PSdeG Pablo López Vidal afirmó que el PP cae en "mentiras sistemáticas" ya que se trata de una ley destinada a "protexer o territorio" y que "non producirá efectos negativos" por lo que, añadió, "non fai falta indemnizar". Asimismo, destacó el carácter provisional de la normativa que afectará a los municipios que no tengan adaptado su planeamiento a la legislación vigente o hasta la entrada en vigor del Plan do Litoral, un plan que, precisó el diputado, "agora si se está redactando". La nacionalista Carme da Silva argumentó que, afortunadamente, el bipartito "chegou a tempo" para "parar o que pretendía o PP para o litoral galego" y aconsejó a los populares que "deixen de tapar as súas miserias urbanísticas". También señaló que "non é certo" que se vayan a suspender las licencias municipales. Ruiz Rivas reiteró la apuesta del PPdeG por un "urbanismo responsable e con principios" y subrayó que para ello, el anterior Gobierno 'popular' dejó "licitado" el Plan do Litoral -"paralizado polo bipartito"- que debería haber entrado en vigor a finales de 2005. También denunció el "fariseísmo" del PSdeG, partido al que acusó de "criminalizar aos de enfrente" cuando Foz -gobernado por los socialistas- "é o concello máis próximo a unha marbellización". "Aldraxe a Vigo" Por otra parte, BNG y PSdeG rechazaron otra proposición no de ley impulsada por los 'populares', a través de la que se instaba a la Xunta a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno central para la creación de un Registro mercantil en la ciudad de Vigo. Con esta iniciativa, el PPdeG pretendía -en palabras del diputado Xesús Palmou- rematar con el "aldraxe" que vive Vigo "por estar gobernado por unha alcaldesa do PP". Palmou explicó que, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció su decisión de crear Registros mercantiles en algunas ciudades que no son capitales de provincia -en base a excepciones permitidas por el decreto de demarcaciones mercantiles- y que entre estas ciudades "non se atopa Vigo", a su juicio, la "única" localidad española que suma las condiciones de ser una ciudad con "maior peso económico e demográfico" que la capital de provincia. Para los 'populares', Vigo resulta ser "unha vez máis" objeto de una "intolerable discriminación" por "razóns político-partidistas" que la dejan sin Registro mercantil, a pesar de que la legislación "plantexa a posibilidade de crear rexistros noutras cidades, como de feito, se crea en Santiago de Compostela". Por su parte, socialistas y nacionalistas apuntaron que la iniciativa de los 'populares' tiene un carácter reducido ya que, como explicó el nacionalista Iago Tabarés, "o problema exténdese a outras localidades" en las que, precisó, "ao mellor non gobernan vostedes e por iso non lles interesa". El nacionalista recordó además que el problema deriva del mapa de demarcaciones registrales que "non ten en en conta os asentamentos da poboación ou a realidade empresarial" de las localidades españolas y cuya competencia radica, además, en el Gobierno central. La socialista Beatriz Sestayo destacó también estas dos "cuestións de fondo" y, en conjunto con los nacionalistas, presentó una enmienda de modificación en la que se manifestaba la voluntad del Parlamento de que Galicia asumiese las "maximas competencias en materia de xustiza" e instaba a la Xunta a realizar ante el Gobierno las gestiones necesarias para la creación de registros mercantiles u oficinas delegadas en las ciudades de Vigo y Ferrol. Finalmente, los 'populares' se negaron a aceptar esta enmienda ya que, aseveró, "non queremos votar un novo aldraxe para Vigo".