Un tribunal argentino declara "inconstitucionales" los indultos a Videla y Massera

Un tribunal de Argentina declaró "inconstitucionales" los indultos que beneficiaron en 1990 a Jorge Videla y Emilio Massera, dos de los tres militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, informaron fuentes judiciales. Con esta decisión de la Cámara en lo Criminal Federal recobran vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas en 1985 a los ex jerarcas del último gobierno de "facto" (1976-1983). "Los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera resultan insusceptibles de perdón", dijo en su fallo el tribunal, el cual se pronunció sobre la constitucionalidad de los indultos en razón de un planteo de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Desde la anulación en 2003 de las denominadas "leyes del perdón" que beneficiaron a represores de la dictadura, varios jueces han declarado inconstitucionales los indultos decretados en 1990 por el hoy ex presidente Carlos Menem (1989-1999). El indulto a Videla, el primer presidente de la última dictadura, había sido anulado en septiembre del año pasado por el juez Norberto Oyarbide en una causa que investiga los secuestros de dos empresarios en 1976 y 1977. En este expediente, Oyarbide también decretó la inconstitucionalidad de los perdones otorgados a los ex ministros de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz (Economía) y Albano Harguindeguy (Interior). Los indultos habían beneficiado a Videla, Massera, Orlando Agosti, el restante integrante del triunvirato militar protagonista del golpe en 1976, así como al ex presidente de "facto" Roberto Viola y Armando Lambruschini, comandante de la Armada entre 1978 y 1981. Agosti, Viola y Lambruschini han fallecido, en tanto que Massera fue declarado "incapaz" porque se consideró que con su actual estado de salud no puede ejercer su derecho de defensa en juicio. La Cámara sostuvo que el decreto de Menem se contradice con tratados internacionales suscritos por Argentina que imponen el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos e investigar y penalizar sus violaciones.