ELECTRICIDAD
Energía cree que los incentivos eléctricos los pagarían los consumidores
EFE | El
secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, cree que el
precio de la electricidad que pagan las grandes industrias en España es
similar al de otros países europeos y advierte de que todo incentivo que
se les aplique deberán pagarlo los demás consumidores.
"El sistema eléctrico tiene que estar económicamente equilibrado, y
aunque sea un poco complicado decirlo, entre todos tenemos que pagarlo;
eso quiere decir que cualquier excepción implica una financiación por
parte del resto de los actores, algo que debe ser tenido en cuenta con
gran atención", destaca en declaraciones a Efe.
Recuerda que en España se aplican ayudas a las empresas
electrointensivas, por interrumpibilidad del suministro o por
compensación de emisiones de CO2, que demuestran que el Gobierno
mantiene "una política de apoyo y acompañamiento" a la gran industria,
que tiene que ser "compatible con la de la Unión Europea".
Explica que el reciente decreto ley sobre el Estatuto de los
Consumidores Electrointensivos, acogido con rechazo por estas industrias
se encuentra en fase de consulta pública, a la espera de aportaciones
de los diferentes sectores implicados. Este decreto
ha sido calificado de "insuficiente" por la Asociación de Empresas con
Gran Consumo de Energía (AEGE), que considera que ha "roto las
esperanzas" de la industria al no solucionar el problema que sufren por
no tener un precio eléctrico competitivo.
Directivos
de la patronal siderúrgica, química o cementera han coincido en valorar
la iniciativa del Gobierno, pero también han denunciado que la
consideran "insuficiente" para defender la competitividad de estas
industrias. CCOO ha advertido de que plantea
incertidumbres muy preocupantes para el sector, mientras que UGT ha
lamentado que no incida en profundidad en una tarifa energética
competitiva para la industria.
El PP cree que el
borrador de Estatuto no es factible, al no haber sido aprobado
previamente por Bruselas, lo que podría implicar la apertura de un
expediente sancionador, y culpa al Gobierno de los cierres de fábricas.