El BNG compromete la construcción de 27.000 viviendas de protección si gobierna en las siete grandes ciudades

Quintana critica que PSdeG y PP usen el urbanismo como "arma arrojadiza"

Los candidatos del BNG en las siete grandes ciudades firmaron un compromiso para construir un total de 27.000 viviendas de protección pública en los próximos cuatro años si consiguen gobernar en estos concellos. A quien le corresponden un mayor número es a Santiago de Compostela, con 7.000 viviendas protegidas incluidos los alojamientos dotacionales, como en el resto de los casos. El documento "Siete accións urxentes para as sete cidades de Galiza" fue firmado en Santiago en presencia del portavoz nacional del BNG y vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas. Se trata de un "compromiso público" con la aplicación "efectiva e real" de la Lei de Medidas Urxentes en materia de vivienda y suelo, anunciada la pasada semana por el Gobierno gallego y que se aprobará próximamente en el Parlamento. Como resultado de la aplicación de estas medidas, el BNG construiría desde los gobiernos de los concellos 6.500 viviendas protegidas en Vigo, 5.800 en A Coruña, 3.000 en Lugo, 2.000 en Ourense, 1.600 en Pontevedra, y 1.500 en Ferrol. En este acto, Quintana criticó la actitud de los otros dos partidos mayoritarios, PSdeG y PP, que se dedican a las "campañas de artificio" con respecto al urbanismo y están en la estrategia de "e ti máis", lanzando acusaciones contra el contrario. Aseguró que la formación nacionalista contempla el urbanismo en un sentido positivo, porque considera que "non ten que ser un arma de destrucción masiva" sino un instrumento al servicio de los ciudadanos, y recriminó que los otros partidos lo usan en esta precampaña electoral como "arma arrozadixa para lavar conciencias". Así, afirmó que "mentres outros seguen escudriñando a ver quen leva promotores na súa candidatura" el BNG insiste en que "os promotores máis importantes son os cidadáns e nos queremos ser os seus representantes". Añadió que como su partido non tiene que dedicar tiempo a explicar los candidatos que son promotores ni participaciones en escándalos urbanísticos tiene tiempo para "facer iniciativas en positivo". Quintana dijo que el Bloque "é garantía de que haxa unha colaboración estreita entre a Xunta e os concellos para facer vivenda pública protexida", porque desde el Gobierno gallego y los municipios "traballamos na mesma lonxitude de onda". Además, manifestó que el compromiso adoptado por los principales candidatos nacionalistas "ten a forza da credibilidade", porque la Lei de Medidas Urxentes "se modifica seguindo un compromiso electoral" del Bloque y con las "mans limpas". Siete medidas Los candidatos nacionalistas Henrique Tello (A Coruña), Xoán Xosé Pita (Ferrol), Xosé Anxo Laxe (Lugo), Alexandre Sánchez Vidal (Ourense), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra), Santiago Domínguez Olveira (Vigo) y Elvira Cienfuegos, en representación de Néstor Rego (Santiago) comprometieron la reforma inmediata del planeamiento municipal para hacer efectiva la Lei de Medidas Urxentes y que "non quede en papel mollado". Entre las acciones a emprender, si llegan al gobierno de sus respectivos concellos, está la de garantizar que cuanto menos el 50 por ciento de los bienes obtenidos por los municipios se destinarán a viviendas de protección. Además, abolirán la práctica de la concesión de prórrogas para la construcción de esta tipo de viviendas, si ya se han otorgado licencias para construir la mitad de la vivienda libre. Se trata de velar por el cumplimiento de que se construya en paralelo la vivienda protegida y la libre. También harán cumplir los deberes de edificar o rehabilitar, decretando la acción forzosa o incluso la expropiación una vez transcurridos los plazos previstos en el planeamiento, y proscribirán los convenios urbanísticos en los que se sustituya la cesión de terrenos por el pago de cantidades en metálico. Por último, está el compromiso de reservar entre el 40 y el 50 por ciento de suelo edificable y evitar la concentración excesiva de vivienda protegida, para favorecer así la integración territorial sin discriminación de los ciudadanos por su nivel de renta.