MINA DE TOURO | O PINO
La Cámara Mineira defiende la actuación de la Xunta ante el informe del Defensor del Pueblo
EUROPA PRESS | La Cámara Mineira de Galicia defiende a la Xunta ante el informe del
Defensor del Pueblo sobre la mina de Touro y O Pino (A Coruña) porque la
actuación de la Administración autonómica, según asegura, es "lo
contrario a deficiente". Así lo ha trasladado a Europa Press
el director de la Cámara Mineira de Galicia, Diego López, en respuesta
también a las palabras del viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón
Sánchez.
A su juicio, la información sobre el documento del
Defensor "contiene contradicciones desde el punto de vista legal", ya
que "en primer lugar se mezclan varios proyectos como si se tratara de
uno solo". Asegura López que "la explotación actual tiene
todos los permisos legales para operar" y "es un proyecto aprobado, que
cumple los requisitos exigidos en el momento de su aprobación".
"El nuevo proyecto para explotar cobre está en fase de tramitación por
la administración pública, que actúa con todas las cautelas legales
exigibles", subraya. También destaca que "en Galicia no hay
minas ilegales de ningún tipo" y que "todas están funcionando de acuerdo
a la legislación que las vio nacer". "Las causas para la
caducidad de una concesión están establecidas por la legislación y no
puede instarse a la caducidad de un derecho de manera arbitraria y
discrecional, atentando contra la seguridad jurídica y estableciendo un
peligroso precedente", replica este representante.
Sobre la
contaminación de las aguas, afirma que fue "debida a la actividad
realizada para la extracción de cobre, detenida en 1986 (e iniciada
cuando aún no había obligatoriedad de planes de restauración)" y agrega
que "se ha minimizado notablemente en los últimos años. "Todo ello, gracias a la rehabilitación de la explotación puesta en
marcha por la empresa Explotaciones Gallegas y a la labor de la
Universidade de Santiago de Compostela, liderada por Felipe Macías y
reconocida a nivel internacional por su trabajo de tecnosuelos",
argumenta.
Por otra parte, apunta que "el plan de restauración
se establece como obligación legal para las explotaciones aprobadas
después de 1982" y hace referencia al que presentó Rio Tinto en 1984 "y
que Explotaciones Gallegas asumió al hacerse cargo de la concesión", que
"sigue en vigor". Por último, al respecto de la inspección,
replica que "hay un plan de labores anual presentado por la empresa
minera que está operando en Touro" e incide en que "la autoridad minera
realiza inspecciones periódicas" y en Touro "las ha habido en cinco de
los últimos diez años". "No parece que la actuación de la Xunta sea
deficiente", resuelve.
Mineros Touro-O Pino
Por otra parte, a través de un comunicado de prensa, la plataforma de
trabajadores mineros Touro-O Pino lamenta "el uso totalmente partidista
que se está haciendo del informe del Defensor". "Estamos ya
hartos de políticos sin coherencia, que tanto se manifiestan para
defender el empleo industrial como arremeten no solo contra un proyecto
futuro sino que ponen en cuestión la legalidad de una actividad que, en
estos momentos, emplea a 250 personas y sus familias de forma directo y
más de 400 de forma indirecta", resalta.
Por eso, pide "que no
se juege con la vida de las familias mineras" y muestra se preocupación
además por "la frivolidad a la hora de hablar de una supuesta caducidad
de los derechos". EP