EFE | El
pleno de la Cámara Baja de Brasil aprobó ayer el marco legal
de la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno de Jair
Bolsonaro, pero aún deberá someter el texto a nuevas discusiones antes
de remitirlo al Senado.
La primera de las dos votaciones necesarias para la aprobación del texto
que define el marco general de la reforma concluyó en la Cámara de
Diputados con el respaldo de 379 parlamentarios, frente al rechazo de
131. De ese modo, se superaron los tres quintos necesarios
(308 de 513 votos) que exige una enmienda constitucional como la
propuesta, cuyo trámite parlamentario es engorroso y requiere diversas
votaciones.
El marco legal de la reforma, que propone
endurecer el acceso a las jubilaciones en búsqueda de un ahorro fiscal
equivalente a unos 265.000 millones de dólares en diez años, todavía
puede ser objeto de alteraciones, pues los diputados deberán definir
ahora la situación en que quedarán algunos sectores específicos.
Entre ellos, el oficialismo insiste en que la reforma alcance los
ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión
aprobada este miércoles, pese a que estaban en el proyecto original.
Una vez resueltos esos casos, el pleno de los Diputados someterá el
proyecto retocado a una nueva votación y, si lo aprueba nuevamente por
un mínimo de 308 votos, remitirlo al Senado, que lo examinará durante el
segundo semestre de este año. La previsión es que
esa segunda votación en la Cámara Baja sea realizada antes de este
sábado, pues el Parlamento iniciará el día 18 un receso que concluirá el
1 de agosto y la intención de la mayoritaria base oficialista es
acelerar el trámite.
Mientras los diputados
deliberaban, decenas de personas se congregaron a las puertas del
Parlamento para protestar contra la iniciativa del Gobierno y llegaron a
enfrentarse con la Policía, aunque sin mayores consecuencias. También hubo una protesta en el centro de Sao Paulo, convocada por sindicatos, que igualmente concluyó sin incidentes.
La reforma es la gran apuesta del Gobierno de ultraderecha para
intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió 7 puntos
porcentuales, que creció a un ritmo insuficiente del 1 % anual en 2017 y
2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión. El trámite ha demorado más de lo previsto debido a maniobras que están
previstas en las normas parlamentarias, que han sido usadas al máximo
por la oposición de izquierdas, que rechaza el proyecto y aún en minoría
intenta obstaculizar el proceso.
Mediante la
reforma, el proyecto pretende reducir el gasto con un sistema de
pensiones que el Gobierno considera "quebrado", acabar con un crónico
déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas
claves. Para lograr esa meta, el proyecto plantea
una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no es
requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para
los hombres.
Una de las propuestas más polémicas
planteaba poner fin al actual sistema de reparto, mediante el cual el
Estado gestiona en un fondo único las contribuciones de trabajadores y
empresarios, para adoptar un régimen de capitalización, mediante el cual
la jubilación de un trabajador dependería de lo que pudiera ahorrar
durante su vida.
Sin embargo, esa propuesta no
prosperó por el firme rechazo de vastos sectores de centro y derecha
que, si bien apoyan a Bolsonaro, coincidieron en que el país no está en
condiciones de pasar a un régimen de capitalización, debido a la escasa
capacidad de ahorro de sus trabajadores.