EFE | La
OCDE considera que España tiene que conseguir que los costes para las
empresas de los contratos fijos y temporales sean comparables, y eso
significa luchar contra aquellos empleadores que recurren a los
temporales de forma abusiva, sin otra justificación que ahorrarse
dinero. En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este
viernes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) reconoce que el pasado año ya se creó un nuevo marco legal para
los inspectores laborales.
Pero constata que hay
una elevada tasa de temporalidad en el empleo que incrementa la
precariedad de los trabajadores afectados, lo que limita la movilidad
laboral y es un factor que acrecienta la pobreza. De hecho, las
desigualdades de ingresos han progresado en España desde el estallido de
la crisis en 2007, y se mantienen por encima de la media de la OCDE. Eso se debe en parte a
la elevada tasa de desempleo -España tiene la segunda más alta de sus 36
países miembros, sólo superada por Grecia- y también al descenso de los
recursos de las familias que están en la parte baja de la escala
social.
Los autores de este informe, que señalan las reformas que
consideran prioritarias para cada país en los dos próximos años,
critican que el grueso de la fiscalidad en España recaiga sobre las
rentas de trabajo y recomienda un aumento de los impuestos sobre los
carburantes.
Se trata de integrar en el precio de los combustibles las consecuencias
que tiene su uso en términos de emisiones de dióxido de carbono (CO2, el
principal gas responsable del calentamiento climático) y de otros
contaminantes.
La OCDE cuestiona la existencia de exenciones y
deducciones en el impuesto sobre la renta y el IVA que le parecen
injustificadas. Y apuesta por suprimir los tipos reducidos del IVA, que
son regresivos, y por ampliar la base impositiva del impuesto sobre la
renta.
Como en ediciones anteriores, uno de los principales puntos es el
referido a la educación, porque aunque ha disminuido la tasa de abandono
escolar prematuro, continúa siendo alta.
De hecho, en 2016 poco más del
80% de los alumnos terminaban el ciclo superior de la educación
secundaria en España, cuando la media de los países avanzados estaba por
encima del 85%.
En este campo, las principales asignaturas pendientes son mejorar la
calidad de los profesores con un esfuerzo en la universidad y en su
preparación y la formación profesional, con su desarrollo, su
modernización y una ampliación del recurso a la alternancia en las
empresas.
La OCDE apuesta, además, por dar a las empresas un mayor papel en la
formación de los estudiantes y en el diseño de sus currículos, así como
por una mayor especialización de la universidad. Asimismo, recuerda que
España gasta poco en investigación y desarrollo (I+D), lo que afecta
negativamente a la evolución de la productividad.
Sus consejos en este sentido son una mayor coordinación de las políticas
estatales y autonómicas para evitar duplicaciones, favorecer una mayor
dimensión y especialización de las universidades para elevar la calidad
de la innovación, atribuir los recursos en función de los resultados y
de la aplicación de evaluaciones internacionales o dar más oportunidades
de carrera a los investigadores muy cualificados.
La organización destaca que en España hay una serie de barreras que
limitan la actividad de las empresas y la productividad, en función del
tamaño de las compañías u otros obstáculos para operar en varias
comunidades autónomas, que tendrían que eliminarse.
A ese respecto, cree que habría que seguir aplicando la ley de mercado
único, incrementar su transparencia y la cooperación entre las diversas
administraciones, así como mejorar las instancias de gobierno de los
profesionales de los servicios.