El Congreso da luz verde a la Ley de Suelo para su entrada en vigor el 1 de julio

El pleno del Congreso ratificó las enmiendas introducidas en el proyecto de Ley de Suelo a su paso por el Senado, de forma que el texto definitivo queda listo para su entrada en vigor el próximo 1 de julio, coincidiendo con la constitución de los ejecutivos de autonómicos y locales resultantes de las elecciones del 27 de mayo. El PP, que mantuvo su oposición frontal al conjunto de la ley se abstuvo en la mayor parte de las enmiendas votadas, e incluso apoyó un paquete de enmiendas transaccionadas. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, declaró a la salida del hemiciclo que la Ley de Suelo es una norma "para todos los ciudadanos, no sólo para los propietarios", y también "para los nuevos alcaldes". Por otro lado, defendió la dimensión "social y ambiental" de la ley "aunque tenga una parte económica", frente a la ley vigente, que consideraba el suelo, según dijo, "únicamente como un bien patrimonial". Asimismo, destacó el amplio consenso parlamentario y social con el que se ha aprobado el texto. Por su parte, el Grupo Popular volvió a mostrar un rechazo "total y frontal" al conjunto de la Ley de Suelo, aunque votó a favor de algunas enmiendas introducidas en el Senado, como las relativas a los límites de alteración de los espacios naturales protegidos o incluidos en la Red Natura 2000 y a las competencias autonómicas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo. El portavoz del PP, Pablo Matos, sostuvo que la única finalidad de la norma será "abaratar las expropiaciones y aniquilar el concepto de justiprecio", y calificó el nuevo sistema de valoración del suelo de "injusto". Asimismo, aseguró que la ley no acabará ni con la corrupción urbanística ni con la especulación al no contener medidas explícitas al respecto. El ánimo de las bancadas 'populares' se encendió con la intervención del portavoz socialista, Álvaro Cuesta, que acusó al PP de haber suprimido "todo lo que estorbaba a la especulación" durante los anteriores gobiernos. El resto de los Grupos Parlamentarios coincidieron en que la norma no podrá subsanar por sí sola los problemas existentes en el sector inmobiliario, pero defendieron su aplicación efectiva por parte de los ejecutivos autonómicos y locales que quedarán constituidos tras las elecciones del 27 de mayo.