EFE | La
legislación británica que liberaliza el aborto y permite los
matrimonios entre personas del mismo sexo comenzará a aplicarse en
Irlanda del Norte a partir del próximo año, al haber incumplido hoy la
Asamblea autónoma de esa región el plazo máximo para paralizar la
reforma.
El Parlamento autónomo norirlandés, de poder compartido
entre unionistas y republicanos según el acuerdo de paz de Viernes
Santo, está suspendido desde 2017, ante la falta de consenso entre los
partidos para su constitución.
Para presionar a favor de una resolución de las
diferencias políticas en el Úlster, el Gobierno británico estableció el
21 de octubre como fecha límite para paralizar una reforma que aplicará
en la región la ley del aborto y de bodas gais vigente en el resto del
Reino Unido. El ultraconservador Partido Democrático
Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante, es
contrario ambas medidas, y la cuestión genera grandes discrepancias en
Irlanda del Norte.
Los unionistas convocaron hoy a
la Asamblea para tratar de vetar esa legislación, pero al no existir un
presidente de la cámara no se pudo llevar a cabo trámite alguno y la
sesión quedó cancelada en menos de una hora. El
ministro británico para Irlanda del Norte, Julian Smith, avanzó que los
primeros matrimonios homosexuales se celebrarán en la región en febrero
del año que viene.
El Gobierno del Reino Unido
también prevé que los primeros servicios que permitirán abortar a las
mujeres en Irlanda del Norte en base a la nueva normativa estarán listos
el próximo marzo. La legislación que en 1967 liberalizó el aborto en Inglaterra, Escocia y Gales nunca se aplicó en Irlanda del Norte.
Bajo su actual ley, el aborto solo se permite si está en riesgo la vida
de la madre o si existe un riesgo de daño serio y permanente a su
salud. La violación, el incesto o las anormalidades
en el feto -incluso cuando los médicos creen que no sobrevivirá- no son
hasta ahora motivos legales aceptables para abortar.
Bajo la legislación británica, las mujeres pueden interrumpir su
embarazo durante las primeras veinticuatro semanas, siempre que dos
médicos consideren que tener al bebé supone un riesgo mayor que abortar
para la salud física o mental de la madre.