EFE | El
presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido hoy que
desobedeció la orden de la Junta Electoral de no retirar los lazos
amarillos y se ha proclamado víctima de un "juicio político" ante un
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuya imparcialidad ha
cuestionado.
El TSJC ha dejado visto para sentencia el juicio por desobediencia
contra Torra, para quien la Fiscalía pide una pena de año y ocho meses
de inhabilitación por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar
los lazos antes de las elecciones del 28A, un símbolo que, le ha
recordado el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, no es
"neutral" porque "no es compartido por la totalidad de catalanes".
Fiscal: "El lazo no es compartido por todos los catalanes, no es neutral"
El
fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha recordado al
presidente de la Generalitat, Quim Torra, que el símbolo de los lazos
amarillos "no es compartido por la totalidad de los catalanes", por lo
que "no es neutral" y debe ser suprimido en período electoral.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha celebrado hoy el juicio por desobediencia a Torra, que se enfrenta a una pena de
inhabilitación de hasta dos años, acusado de desoír la orden de la
Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios
públicos en el periodo electoral de las generales del pasado 28 de
abril.
En sus informes finales, el fiscal ha apuntado además el
"desprecio" del presidente catalán hacia la JEC, que fue
"intensificando" con el paso de los días, con una falta de "respeto
institucional" que, "coloquialmente", hizo que se "viniera arriba".
Bañeres ha constatado el "comportamiento" del presidente catalán con su
"nula disposición a acatar" la orden de la JEC, expresando de esta
manera su "falta de consideración" hacia este órgano.
El fiscal ha recordado que el 21 de marzo Torra sustituyó la pancarta
con el lazo amarillo por otra con uno de color blanco, en una
"ostentación de su intención de desobedecer" a la JEC.
En este sentido, ha subrayado que el presidente catalán, para incumplir
la orden de la JEC, hizo de "paladín" de la libertad de expresión con
"gesticulaciones" y "aspavientos" en sus declaraciones públicas o en las
notas de prensa de la Generalitat, con un "comportamiento renuente" en
el que se presentaba como "único defensor" de este derecho.
Ha argumentado que, como "autoridad superior", las decisiones de la JEC
son "perentorias" y de obligado cumplimiento, no solo para Torra,
también para el presidente del Gobierno y para todos los poderes
públicos en general.
Además, ha recordado que en
Cataluña la JEC es el único órgano "competente", puesto que es la única
comunidad que no tiene una ley electoral propia, de manera que las
elecciones en esta comunidad tienen como base la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (Loreg). Desde la acusación
popular, ejercida por VOX, el abogado Juan Cremades ha advertido de que
incumplir resoluciones judiciales o administrativas no queda "amparado"
en el derecho a la libertad de expresión, y ha concluido que Torra no
solo incumplió la resolución de la JEC, sino que se "regodeó" ante la
opinión pública de su incumplimiento.
Cremades ha
denunciado que, para intentar dilatar el cumplimiento de los acuerdos de
la JEC, Torra pidió unos informes al Síndic de Greuges -a quien en una
ocasión se ha referido como "Síndico de Agravios"-, que se mostró
partidario de que se retiraran los símbolos. Según
VOX, Torra actuó con conocimiento del deber de acatamiento al dictamen
de la JEC, siendo consciente de las consecuencias penales y
administrativas que podían comportarle sus actos y vulnerando de forma
"manifiesta y a conciencia" la obligación de los poderes públicos de
mantener la "neutralidad política" durante los periodos electorales, ya
que optó por mantener "su habitual pulso al Estado de derecho".
"Que un gobernante incumpla la ley le quita toda la autoridad de su
cargo. No solo gobierna para una parte de los catalanes, sino para toda
la ciudadanía", ha remarcado.