JUICIO GÜRTEL
Correa y Crespo, condenados a 3 años de cárcel por la rama de Gürtel en Jerez
EFE | La
Audiencia Nacional ha condenado al jefe de Gürtel, Francisco Correa, y a
su número dos, Pablo Crespo, a tres años de cárcel por la adjudicación a
la trama de tres contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez para
Fitur 2004, y ha absuelto por prescripción a los cinco funcionarios del
consistorio acusados en esta causa.
La sentencia de la sección segunda de la Sala Penal atribuye a Correa y
Crespo delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y
prevaricación y los condena también a siete años de inhabilitación. Los magistrados condenan asimismo a dos años y tres meses de prisión
al exempleado de las empresas de Gürtel Javier Nombela, y a un año y dos
meses de cárcel a Isabel Jordán, exadministradora de sociedades de la
trama, por el mismo delito de falsedad cometido por funcionario público.
Quedan absueltos por prescripción José Enrique Agüera, exdirector
del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC); Manuel Báez
Guzmán, secretario general del Ayuntamiento de Jerez; Lourdes
Montenegro, técnico superior en dicho organismo; Milagros Pérez Pérez,
interventora del consistorio, y Milagros Abascal, interventora delegada
del IPDC.
Pero la sentencia deja claro que sin ellos los hechos delictivos no
se hubieran podido llevar a cabo, ya que fueron los encargados de
confeccionar los expedientes falsos con los que se intentó dar
apariencia de legalidad a las adjudicaciones a las empresas de Correa.
En el juicio declaró como testigo la alcaldesa de Jerez en el momento
de los hechos, María José García-Pelayo, ahora diputada del PP, aunque
la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que reabra la causa contra
ella por su presunta implicación en los hechos.
De acuerdo con la sentencia, Correa, aprovechándose de su amistad
con el fallecido Isidro Cuberos, que estaba relacionado con cargos
públicos del Ayuntamiento de Jerez, "obtuvo ilícitamente" para sus
empresas Special Events y Down Town Consulting la adjudicación de tres
contratos por importe de 214.028,71 euros para Fitur 2004.
Se trataba del montaje del expositor en la feria, un espectáculo
ecuestre celebrado en la plaza Mayor de Madrid y otro espectáculo
flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el madrileño parque de
El Retiro.
Fue "una adjudicación directa de forma verbal" que, según los
magistrados, vulneró la normativa de contratación pública y sus
principios de "publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y
transparencia, que exigía la tramitación de un concurso público”.
Una vez terminada la feria se procedió a elaborar los expedientes
administrativos y contables necesarios para darle apariencia de
legalidad, colocándoles fechas falsas.
Según la Sala, Isabel Jordán y Javier Nombela, siguiendo
instrucciones de Correa y Crespo, confeccionaron también la
documentación que sustentaba sus ofertas con fechas anteriores a las de
su presentación real.
"Los expedientes confeccionados están plagados de ilegalidades y
arbitrariedades para sortear los controles de legalidad”, subrayan los
jueces.
El caso de Jerez, en su opinión, es una manifestación más del modus
operandi del llamado Grupo Correa en el periodo investigado, entre 1999 y
2009: Correa captaba el negocio y prestaba a sus empresas y su personal
para una contratación "absolutamente ilegal en beneficio de las mismas y
en definitiva, en el suyo propio”.
En la sentencia se considera probado que los funcionarios municipales
enjuiciados colaboraron en una adjudicación "totalmente ilegal y
arbitraria" y con "pleno conocimiento" de lo que hacían, pero los
absuelve porque el procedimiento se dirigió contra ellos cuando los
hechos ya habían prescrito.
Todos ellos, añade la sentencia, tuvieron una contribución eficaz y
decisiva en la elaboración de esos expedientes antedatados después de
terminado Fitur, de forma "consciente y voluntaria" y "a sabiendas de su
ilegalidad y arbitrariedad.
Se atribuye a los condenados el delito de prevaricación continuado ya que fueron tres los contratos otorgados de forma ilegal.
El delito se consuma con la última de las resoluciones dictadas para
llevar a efecto las adjudicaciones ilegales y es a partir de ese momento
cuando empieza a computar el plazo de la prescripción, que en octubre
de 2004 pasó de diez a quince años.
Aunque los acusados del Grupo Correa no son funcionarios, la Sala, en
línea con la Fiscalía, ve también probado el delito continuado de
falsedad en documento oficial por funcionario público porque
contribuyeron con sus informes a la confección formal de los expedientes
administrativos antedatados por los funcionarios municipales.
El tribunal absuelve a los nueve acusados en la causa, tanto a los de
la trama Gürtel como a los cinco funcionarios, del delito de fraude a
la administración pública que les atribuían las acusaciones. Los cuatro
responsables del Grupo Correa quedan también absueltos del delito de
falsedad en documento mercantil por el que fueron juzgados.