La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) pidió a las autoridades medidas para proteger a la población de Vigo y a sus empresas de los efectos de la "violencia desproporcionada" que generan los convocantes del conflicto laboral del sector del metal. "La CEP denuncia que, ante la situación de máxima violencia, no se están adoptando las medidas necesarias de orden público por quienes han de evitar (autoridad) estas lamentables actuaciones que se vienen trasladando a la calle durante gran parte de cada día", asegura la propia patronal. El presidente de la CEP, José Manuel Fernández Alvariño, dirigió escritos al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al subdelegado del Gobierno central en Pontevedra, la "adopción de medidas que puedan restablecer el orden público, dentro de la legalidad vigente". La patronal de la provincia de Pontevedra asegura que los últimos hechos ocurridos en la ciudad de Vigo a raíz de la huelga en el sector del metal son de "extrema gravedad". Por eso, la CEP "denuncia la violencia que, de forma desproporcinada, producen los convocantes en este conflicto laboral, poniendo de manifiesto las alteraciones muy graves que se producen en la vida de la ciudad, en la economía en general, en la convivencia social, y cuyo resultado es la paralización de la actividad de gran parte de las empresas industriales de esta zona". La CEP lamenta, ante los efectos de la huelga del sector del metal, que la situación generada en Vigo "perjudica nuestro entorno y altera, en el exterior, la visión tradicional de área con capacidad generadora de riqueza y empleo, desviando recursos a otras zonas". La Confederación de Empresarios de Pontevedra hace una "llamamiento a la responsabilidad de las partes, solicita del Gobierno una actuación que evite los graves desórdenes como los que se vienen produciendo, y a los convocantes del conflicto les invita a la reflexión y al elemental sentido de responsabilidad de sus actos, advirtiendo de la gravedad de las consecuencias de tan lamentables acciones".