EFE | La
mayoría del Congreso ha validado el decreto ley que amplía a 600
millones la transferencia del Estado a la Seguridad Social para
garantizar el equilibrio presupuestario, una vez que se ha rebajado el
importe que se sacará del Fondo de Reserva para pagar la extra de
Navidad de las pensiones a 2.900 millones de euros.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones,
Magdalena Valerio, ha avanzado durante su intervención en la Diputación
Permanente del Congreso que el Gobierno ha rebajado esta cantidad
inicialmente prevista en 3.598,20 millones por lo que a finales de año
la denominada hucha de las pensiones contará con 2.150 millones de
euros. Valerio ha valorado que los ingresos por cotizaciones estén creciendo
de forma significativa, alrededor de un 8 %, debido al incremento de
las bases máximas de cotización y a la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), entre otras medidas.
Además ha recordado que la lucha contra el fraude laboral y las
acciones inspectoras de Trabajo han ayudado a aflorar un importe de
1.300 millones de euros de recaudación.
La ministra en funciones ha aludido a la necesidad de convalidar la
ampliación del crédito de la Seguridad Social con cargo a la previsión
de mayores ingresos sobre el presupuesto inicial para 2019 debido a que
todavía estamos con el presupuesto prorrogado.
Acompañada por el secretario de Estado de la Seguridad Social en
funciones, Octavio Granado, Valerio ha incidido en la necesidad de que
todos los partidos políticos vuelvan al consenso que hubo en el Pacto de
Toledo durante muchos meses.
De hecho, todos los partidos políticos, a excepción de Vox, se han
referido a los últimos trabajos de esta comisión en el Congreso que
revisa cada cinco años las recomendaciones que deben garantizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones y de la Seguridad Social.
La portavoz del pacto de Toledo del PSOE, Mercè Perea, ha asegurado
que "este es el camino" y ha invitado a todos a que vuelvan al Pacto de
toledo porque "es el instrumento más valido para consensuar desde
posiciones diferentes". Algunos diputados, como Sergio del Campo de Ciudadanos, que ya no
estará presente en el Parlamento después de la caída del partido tras
las elecciones del 10 de noviembre, han animado a los nuevos diputados a
continuar con el consenso generado y a acometer las reformas
necesarias.
A falta de la votación, la mayoría de los partidos políticos ha
apoyado la convalidación del decreto ley vinculado a la ejecución del
presupuesto de la Seguridad Social pese a que el PP y Vox han criticado
la gestión del gobierno del PSOE frente a su déficit y han ironizado con
que la ampliación de la transferencia en 600 millones supone una cifra
similar al dinero concedido irregularmente en el caso de los ERE.
El portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, ha dicho
que la Seguridad Social está "colapsada" aunque "el pago de las
pensiones no esté en cuestión" al tiempo que ha considerado un error la
posibilidad de que un nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas
Podemos desgaje la Seguridad Social del ministerio de Trabajo.
Desde Unidas Podemos, Antón Gómez Reino ha recordado que hay un
"amplio margen" para financiar las pensiones con una subida de impuestos
mientras que el diputado del PNV Mikel Legarda ha instado al
"encuentro" en el Pacto de Toledo y ha recordado que aún está pendiente
cumplir con la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco tal
como contempla el Estatuto de Guernica.
La portavoz de JxCAT Laura Borrás ha ironizado sobre el "recorrido del
nuevo gobierno ante el desafío de las pensiones y José María Figaredo,
de Vox, ha basado la abstención de su partido en que "nos obligan a
retratarnos frente a un real decreto que es fundamental para una parte
muy importante de los españoles".