EFE | Los
máximos responsables de Pescanova entre 2009 y 2013 se sientan en el
banquillo casi siete años después de la quiebra de la compañía, proceso
que llega ahora a su momento culmen y que analizará cómo se maquillaron
sus cuentas para mantener a flote a un "gigante" industrial asediado por
las deudas.
El juicio arranca este lunes día 2 y está previsto que se prolongue
hasta marzo, cuatro meses durante los que desfilarán por la sede de la
Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) los 19 acusados y
numerosos testigos y peritos. Al frente de todos ellos estará el antiguo presidente
del grupo Pescanova Manuel Fernández de Sousa, al que el fiscal
considera el cabecilla de un entramado dirigido a ocultar la millonaria
deuda del grupo y engañar así a inversores, acreedores y organismos
reguladores.
Acusado de ocho delitos, Fernández de
Sousa ha visto cómo el caso también salpica a su mujer y a sus dos
hijos, ya que en una causa separada la Audiencia ha decidido abrir
juicio oral contra ellos por blanqueo de capitales y contra la Hacienda
pública. Según el escrito del fiscal, al que ha
tenido acceso Efe, el "descenso a los infiernos" de Pescanova arranca en
2007 con un ambicioso plan de inversiones destinado a expandir su
negocio de acuicultura, sobre todo en Ecuador, Centroamérica, el Cono
Sur, Galicia y Portugal.
Con un desembolso estimado
en 833 millones de euros, la empresa financió este gasto inicialmente a
través de créditos concedidos por su matriz a diferentes sociedades que
se encuadraban dentro del mismo grupo. A partir de
2010, coincidiendo con el estallido de la crisis, la falta de recursos
hizo que la compañía decidiera recurrir en mayor medida a la
financiación bancaria, para después apostar por "mecanismos alternativos
de financiación con vencimiento a corto plazo", en un círculo vicioso
que no dejaba de incrementar su deuda. Para esconder
lo delicado de su situación, de acuerdo con la investigación del fiscal,
los ejecutivos de Pescanova comandados por su presidente ejecutaron
"prácticas comerciales irregulares".
El volumen de su
deuda en 2010 y 2011 era entre tres y casi cuatro veces superior al
declarado, de acuerdo con la documentación. Las
cuentas de 2012, que no llegaron a ser aprobadas, apuntaban además a un
supuesto beneficio de 36,6 millones de euros, lejos de los 791 millones
de pérdidas que arrastraba. El castillo de naipes
acabó por desmoronarse en marzo de 2013, cuando en un Consejo de
Administración dos de sus miembros revelaron que Fernández de Sousa les
había convocado días antes para reconocer la "delicada situación" de la
sociedad e instarles a aportar 50 millones de euros.
La firma acudió entonces al preconcurso de acreedores y la CNMV decidió
suspender las acciones de cotización, una situación en la que se mantuvo
más de cuatro años. La reestructuración de la
compañía se cerró en 2015 con su escisión en dos partes: la parte
productiva quedó bajo control de la banca acreedora, agrupada hoy en
Nueva Pescanova, mientras la "Vieja" continúa como una sociedad de
cartera en manos de los minoritarios.
El proceso
también sienta ahora en el banquillo al auditor de Pescanova durante
aquellos años, BDO, ya que el fiscal considera que su socio Santiago
Sañé dio su visto bueno a las cuentas pese a "ser sabedor" de que éstas
"no podían reflejar la verdadera situación económica y patrimonial" de
la empresa.