EFE | La
portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que el
Ejecutivo "no da instrucciones" a la Abogacía del Estado para orientar
el informe que el Supremo le ha solicitado para el cumplimiento de la
sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
La Abogacía actúa según el "principio de legalidad" y "buscando el
interés general", ha recalcado Celaá, quien ha asegurado que ese
servicio jurídico está estudiando en profundidad la sentencia dictada
este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE y que "no hay ninguna
instrucción al respecto".
Sin entrar al fondo del asunto, la portavoz del Gobierno ha advertido
que ahora mismo Junqueras ya está condenado en firme por el Supremo y no
en prisión preventiva, como ocurría en junio cuando la Abogacía informó
a favor de que se le dejara en libertad provisional para cumplir los
trámites tras ser elegido eurodiputado. "Dejemos lo judicial en manos de los tribunales", ha reiterado
durante la rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, quien ha recalcado
que de ninguna manera el Gobierno va a interferir en ese ámbito
judicial, sino que se va a limitar a trabajar en la política.
Ha insistido Celaá en que las cuestiones entre tribunales han de
resolverse entre ellos, pero ha salido en defensa del Supremo al
recordar que si el TJUE se ha pronunciado ha sido gracias a una cuestión
prejudicial elevada por el tribunal español.
Y eso es porque el Supremo "es garantista" y porque la justicia
española busca que los acusados tengan las máximas garantías, ha
aseverado.
La sentencia, entre otras cuestiones, ha permitido la entrada de
Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Al respecto, la portavoz ha
afirmado que esa acreditación es provisional y que el expresidente de la
Generalitat aún tiene "cuentas pendientes" con la Justicia española que
"obviamente tendrá que sustanciar".
"Seguimos en lo mismo en lo que estábamos", ha recalcado la portavoz. También ha defendido a las instituciones europeas al manifestar: "La
resolución del Tribunal de Justicia de la UE es nuestra resolución;
España está en Europa y España se somete a la jurisdicción europea".