EFE | Cataluña ha vivido una semana de alto voltaje judicial con
resoluciones que determinarán el futuro procesal y político de algunos
de sus principales líderes independentistas, de Oriol Junqueras a Carles
Puigdemont, pasando por el presidente del Govern, Quim Torra.
Mientras que en Europa se reconocía la inmunidad como
europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras -con las evidentes
repercusiones en el expresident Carles Puigdemont-, en Barcelona se
decretaba la inhabilitación de su sucesor por los lazos amarillos. Y en Madrid, días antes, el Supremo anunciaba la recién estrenada
investigación a la portavoz parlamentaria de su partido, JxCAT, Laura
Borràs, por presunta prevaricación.
Decisiones de los tribunales -nacionales y supranacionales-, que, en
vísperas de las vacaciones de Navidad, han ido soltando lastre con
resoluciones que afectan de manera directa a los principales líderes de
los dos partidos que gobiernan Cataluña, y que han sido usadas por el
independentismo, por una parte, como un balón de oxígeno y, por otra,
como un nuevo ataque al secesionismo.
La inmunidad de Junqueras y los efectos en Puigdemont
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado esta
semana la sorpresa al sentenciar que el exvicepresident debió haber
gozado de inmunidad como eurodiputado desde el 13 de junio, cuando se
proclamaron los resultados a los comicios europeos y un día después de
que terminase el juicio del "procés".
Una sentencia que corrige al Supremo -que fue quien le planteó la
duda- al indicar que debió excarcelarle para permitir que accediera a su
acta y que, si quería mantenerle en prisión (entonces preventiva),
debería haber pedido un suplicatorio (permiso) a la Cámara. El TJUE se pronuncia sobre la prisión provisional de Junqueras y nada
dice de su condena (13 años de prisión e inhabilitación), si bien el
Supremo ya estudia qué pasos dar y ha pedido opinión a las partes. De
momento, la Fiscalía -para quien nada ha cambiado- pide ejecutar su
inhabilitación.
Pese a referirse a Junqueras, los primeros efectos del fallo han
recaído en quien fuese su socio de gobierno, Puigdemont, huido en
Bélgica y quien también obtuvo un escaño. Un día después de la sentencia, el Parlamento europeo inició los
trámites para reconocer miembros de pleno derecho a Puigdemont y a su
exconseller Toni Comín, les levantó la prohibición de entrar a sus
dependencias y les concedió una acreditación provisional.
Procesados en rebeldía, su situación es diferente a la de Junqueras,
ya que no llegaron a ser juzgados, si bien están sujetos a una orden de
detención y entrega. El tribunal belga que la examina pospuso su
decisión a la espera de saber sobre su inmunidad. El juez instructor del "procés", Pablo Llarena, también ha pedido
informe a las partes antes de tomar una decisión, mientras el abogado
del expresident le aconseja no venir a España por temor a ser detenido.
Torra, inhabilitado, seguirá en el cargo
Como era previsible (porque él mismo admitió la desobediencia), el
president ha sido inhabilitado durante un año y medio por desobedecer a
la máxima autoridad electoral y no descolgar los lazos amarillos de
edificios públicos en periodo preelectoral. Es la primera condena de un president en activo que, sin embargo, no
implica el cese inmediato de Torra, dado que no es firme. No obstante no
podría presentarse a unas eventuales elecciones porque se lo impide la
Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
Por el momento, el PP ha pedido a la Junta Electoral de Barcelona que
le retire la credencial como electo al Parlament. Torra tiene hasta el
lunes para hacer alegaciones. Torra, como otros dirigentes independentistas, ha rechazado una
condena que -dice- recurrirá con la intención de llevar su caso hasta
Europa, y tras conocerla, anunció que pedirá al Parlament que le
ratifique en el cargo. El recurso lo presentará, precisamente, ante el
Supremo.
La voz de JxCat en el Congreso, investigada
El caso de Laura Borràs ha llegado al Supremo y el tribunal se lo ha
quedado. Ha abierto una causa a la diputada de máxima confianza de
Puigdemont por presuntas irregularidades en la concesión a un amigo de
18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de
les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. Independientemente de si el instructor asignado mueve ficha ya el año
que viene, Borràs puede ir a declarar voluntariamente por estos hechos,
que según el Supremo podrían ser constitutivos de delitos de
prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad
documental.
Lo más sonado de este caso han sido las conversaciones intervenidas
al presunto colaborador de Borràs, Isaías Herrero, como una en la que
comenta su relación con la diputada: "Hombre claro, pero yo con la
Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos
trapis por allí".
Más allá de los políticos
Fuera de la esfera política, la Justicia ha seguido tramitando causas
catalanas y el viernes dejó en libertad bajo fianza a tres miembros de
los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por
terrorismo. El mismo día, un juez de Barcelona ordenó el cierre de una
web abierta por la ANC para fomentar la compra a empresas afines al
independentismo.