BANCO DE VALENCIA
Anticorrupción pide 4 años y medio para Olivas y Parra por el Banco de Valencia
EFE | La
Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años y medio de prisión
para el expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra por presunta falsedad contable entre
2009 y 2010, y acusa también a otras doce personas.
Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de
noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600
millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del
FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank. Además de a Olivas y Parra, el ministerio público acusa a
otras doce personas, entre ellos el socio auditor de Deloitte Miguel
Monferrer, para el que solicita un año y medio de prisión como
cooperador necesario en la falsedad de las cuentas de 2010.
Pese a las recomendaciones del Banco de España, la política expansiva
marcada por el Consejo de Administración del banco e implementada por su
consejero delegado -Domingo Parra- se mantuvo basándose en la
aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su "escasa
prudencia y elevado riesgo". Ante "reales" malos
resultados del ejercicio 2009 se optó por efectuar una práctica contable
dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la
entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma.
Entre otras prácticas, la Fiscalía detectó que se autorizaron
refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra forma no podrían
cumplir con el pago de sus cuotas, se asumió la práctica totalidad del
riesgo de una serie de proyectos inmobiliarios a largo plazo en los que
existían importantes dudas sobre su rentabilidad y se adjudicaron
activos en pago de deudas no procediendo a la adecuada contabilización
del valor de los mismos.
Asimismo, prosigue la
Fiscalía, pese a que muchas de sus operaciones se encontraban
defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por
dotaciones conforme a la normativa, y se autorizaron operaciones en
contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos
responsables, en connivencia -en ocasiones- con directivos y empleados.
Parte de ellas han sido ya objeto de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración desleal.
Todo ello se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales, las de
los ejercicios 2009 y 2010, que no reflejaban la imagen fiel, pues se
basaban en ajustes contables dirigidos a "maquillar" tales resultados.