SEGURIDAD SOCIAL
La reforma de las pensiones, el reto más difícil para la Seguridad Social
EFE | El nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José
Luis Escrivá, deberá hacer frente a uno de los retos más difíciles para
el nuevo Gobierno: lograr una reforma consensuada que haga social y
financieramente sostenible el sistema de pensiones. Con un déficit del 1,4 % del PIB al cierre de 2018 (17.369 millones de
euros) y el fondo de reserva bajo mínimos, la Seguridad Social se
enfrenta a un problema financiero desde hace varios años y urge poner en
marcha medidas sobre todo antes de que en breve comience a jubilarse la
generación del "baby-boom".
Por ello, el nuevo ministro deberá plantear y negociar
una reforma con los agentes sociales, si bien previsiblemente esperará a
las recomendaciones que emanen de la Comisión Parlamentaria del Pacto
de Toledo, que retomará sus trabajos próximamente. Y
todo ello después de que en la anterior Legislatura y tras dos años de
trabajo, saltara por los aires el acuerdo en el Pacto de Toledo al
convocarse las elecciones, cuando todos habían logrado ponerse de
acuerdo en volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC
real.
De momento está suspendida la aplicación del
índice de revalorización, que supone una subida del 0,25 % anual
mientras la Seguridad Social esté en déficit, y está pospuesta hasta
2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que rebaja la
cuantía inicial de la pensión al ajustarla a la esperanza de vida.
No obstante, en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos consta que
se derogarán legalmente ambas cuestiones, que constituyeron las
principales novedades introducidas por el PP en su reforma unilateral de
2013.
Además, tal y como ya ha anunciado el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una de las primeras medidas que
se tomará en las próximas semanas será subir las pensiones un 0,9 % para
no pierdan poder adquisitivo en 2020. También está
entre la prioridades del Ministerio actualizar las bases de cotización a
la Seguridad Social, tanto la máxima como la mínima, aunque ésta última
crecerá al mismo ritmo que lo haga el salario mínimo interprofesional
(SMI), una decisión que en principio será competencia del Ministerio de
Trabajo.
Pero no será el único asunto en el que
deberán coordinarse el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social,
ya que probablemente también deberán negociar conjuntamente con las
asociaciones de autónomos la reforma del régimen especial del trabajo
autónomo, adecuando sus cotizaciones a sus ingresos reales y mejorando
su protección. Lo mismo cabe esperar también que
suceda con la reforma del sistema de prestaciones por desempleo o con
las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
también se quedan ahora entre ambos Ministerios.
En
el ámbito de la inclusión es muy probable que se haga cargo de poner en
marcha el ingreso mínimo vital, que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE
y Podemos aparecía como prestación de la Seguridad Social.
En el ámbito de las migraciones, el reto pasa por gestionar los flujos
migratorios, la acogida humanitaria, la lucha contra el tráfico de
personas y el impulso de vías legales y ordenadas de llegada al país.
También estará entre sus competencias coordinar los recursos del
sistema de acogida de solicitantes de asilo, cuyas plazas ha tenido que
ir aumentando por las llegadas sobre todo de ciudadanos venezolanos.
En la carpeta de asuntos pendientes queda el desarrollo del ambicioso
plan de retorno "Un país para volver" con medio centenar de medidas para
facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y favorecer que España
se convierta en un lugar atractivo para que puedan desarrollar sus
proyectos de vida personales y profesionales.