TRABAJO
Trabajo afronta derogar la reforma laboral mientras se frena el empleo
EFE | La derogación de la reforma laboral de 2012 es uno de los principales
puntos del acuerdo para el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas
Podemos que tendrá que afrontar la nueva ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, en un contexto de ralentización de la creación de empleo. Con casi 19,9 millones de ocupados, pero sin haber recuperado aún los
niveles de empleo previos a la crisis, el mercado laboral español se
enfrenta a un enfriamiento, en línea con la desaceleración económica.
La primera medida que tendrá que abordar Díaz será
previsiblemente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para
2020, ya que en el acuerdo de Gobierno solo aparece el compromiso de
elevarlo al 60 % del salario medio neto al cierre de la Legislatura, una
cifra sobre la que ni siquiera hay consenso, ya que, según la fuente,
se calcula en entre 1.000 y 1.200 euros mensuales.
Está por decidir cuánto se aumenta el SMI, un asunto que la ministra
consultará con los agentes sociales, si bien la patronal CEOE se muestra
reticente a una nueva subida, tras el alza del 22,3 % de 2019 que cree
que ha contribuido a frenar el empleo.
Respecto a la
reforma del PP de 2012, el acuerdo de Gobierno sugiere que se derogará
en su totalidad, con el compromiso de recuperar con urgencia la
prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y la vigencia
indefinida de los convenios (ultractividad). El texto
también habla de eliminar inmediatamente el despido por bajas
reincidentes en un periodo de tiempo determinado, que recientemente
había sido avalado por el Tribunal Constitucional.
El
papel de la ministra de Podemos será clave para que todos los cambios
que se introduzcan en el mercado laboral se hagan con el mayor consenso
de los agentes sociales, aunque la patronal ha adoptado un tono
beligerante frente a un pacto de Gobierno que considera más cerca del
populismo que de la ortodoxia económica. En paralelo
se tendrá que abordar una reforma del Estatuto de los Trabajadores que
contemple las nuevas formas de trabajo fruto de la digitalización, la
robotización o la economía verde.
También se deberá
revisar el sistema de formación y recualificación laboral y terminar de
adecuar el régimen de trabajadores autónomos (RETA) para dotarles de la
protección del resto de ocupados y para que coticen en función de sus
ingresos reales. Todo ello en un contexto de
moderación del empleo, que crece a una tasa inferior al 2 % anual y ha
ido perdiendo impulso tras la recuperación que le llevó a crecer al 3 %
en 2015, además de mantener algunas disfunciones.
Entre ellas, la elevada temporalidad (26,6 %), una tasa de empleo a
tiempo parcial (14 %) que es mayoritariamente indeseado y un nivel de
desempleo del 13,9 %, el segundo más elevado de la UE.
España tiene más de 3,2 millones de desempleados -un tercio de ellos de
larga duración- y sólo 1,93 millones de ellos perciben una prestación
por desempleo, situando la tasa de cobertura del sistema de protección
en el 66,2 %.
Ésta es precisamente otra de las
reformas que tiene la nueva titular de Trabajo encima de la mesa: la del
sistema de protección por desempleo. Para ello,
tendrá que volver a reunirse con los agentes sociales y comunidades
autónomas para poner orden definitivamente en esta de red de ayudas en
todas las administraciones.