EFE | Cómo financiar las infraestructuras, en especial las vías de alta
capacidad (autopistas y autovías), y asegurar por ley que los planes
para su construcción se cumplen, serán los principales retos de José
Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana.
Para ello, deberá impulsar el debate parlamentario que quedó pendiente
en la anterior legislatura para acordar un sistema de financiación igual
en toda España, así como sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible
anunciada en su día para dar rango de ley a los planes de
infraestructuras de transporte, coordinar la actuación de las
administraciones y obligarlas a ajustarse a las prioridades.
A lo largo de su anterior mandato al frente del entonces denominado
Ministerio de Fomento, Ábalos insistió en la necesidad de llevar el
debate sobre la financiación de las infraestructuras, en especial de
autovías y autopistas, al Congreso para fijar unas normas comunes para
toda España y acabar con las diferencias entre las distintas autonomías.
Aunque nunca desveló cuál sería su posición en ese debate y con el
control del déficit presupuestario de telón de fondo, sí dejó la puerta
abierta a extender el pago por uso a todas las vías de alta capacidad
bajo el argumento de que las carreteras, a diferencia de puertos,
aeropuertos o vías ferroviarias, son las únicas infraestructuras de
transporte que se pretenden gratuitas.
En materia viaria, el Gobierno también deberá fijar el importe de la
factura multimillonaria pendiente de abonar a los acreedores de las
nueve autopistas quebradas y que fueron rescatadas por el Estado entre
2018 y 2019; así como poner definitivamente en marcha el conocido como
Plan de Inversión Extraordinario de Carreteras (PIC).
Por otra parte, en el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos,
ambos partidos establecieron entre sus prioridades impulsar una política
de infraestructuras mallar y no radial con el objetivo de revertir la
despoblación y promover la conexión interterritorial con una fuerte
apuesta por las Cercanías en detrimento de nueva inversión en AVE. En materia de alta velocidad, el objetivo será finalizar las obras ya
previstas, así como afrontar la liberalización del transporte
ferroviario de viajeros a partir del mes de diciembre.
Pese a que no se incluye en su nueva denominación, el ministerio
mantendrá las competencias en materia de vivienda, que penderán de
Agenda Urbana, departamento con el que el Ejecutivo pretende "ir más
allá" y apostar por un desarrollo integral de las ciudades y pueblos de
toda España.
En materia de vivienda, Ábalos deberá afrontar el incremento de
precios en el mercado de alquiler, sobre todo en las grandes ciudades,
donde la fuerte demanda unida a la escasez de oferta ha disparado las
rentas.
Limitar los precios sería la política más controvertida que podría
aplicar, ya que cuenta con el rechazo del sector y de buena parte de los
analistas, que creen que ya ha demostrado su fracaso en ciudades como
París y Berlín.
Su alcance, sin embargo, podría circunscribirse a Barcelona, dado que
las competencias están transferidas y que solo la alcaldesa de esa
ciudad, Ada Colau, se ha mostrado interesada en desarrollar ese tipo de
medidas.
El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos establece que
los "ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren
puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas
previamente declaradas tensionadas".
La otra línea de actuación pasa por aumentar la oferta de la vivienda
en alquiler, tanto pública como privada, algo que sí aplauden los
operadores del sector.
Por ver quedan también las medidas fiscales, sancionadoras, de
aseguramiento o de estímulo por las que opta el Ejecutivo para sacar al
mercado los pisos vacíos, teniendo en cuenta que el 96 % de ellos está
en manos de pequeños propietarios, o cómo funciona la colaboración con
los grandes tenedores de vivienda.