EFE | La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es el principal
reto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que supondrá
poner fin a más de un año de prórroga de las cuentas de 2018, que fueron
elaboradas por el Gobierno del PP.
En estos momentos, los Presupuestos en vigor son las cuentas
prorrogadas de 2018, que fueron elaboradas y presentadas por el Gobierno
de Mariano Rajoy y finalmente defendidas en la última parte de su
tramitación parlamentaria por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.
De cara a la elaboración de un proyecto presupuestario para 2020, el
primer paso es la aprobación en Consejo de Ministros de los objetivos de
déficit y deuda, así como el techo de gasto para el próximo ejercicio,
previo paso por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El proyecto presupuestario de 2019 preveía elevar un 4,4 % el techo
de gasto, hasta los 125.064 millones de euros, al tiempo que se
flexibilizaban los objetivos de déficit público para 2019 (1,8 % del
PIB), 2020 (1,1 % del PIB) y 2021 (0,4 % del PIB), algo que finalmente
no fue posible por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el
Senado.
Los últimos objetivos de estabilidad aprobados -con el Gobierno del
PP- preveían un déficit del 1,3 % del PIB en 2019, el 0,5 % del PIB en
2020 y un superávit del 0,1 % del PIB en 2021, si bien el Ejecutivo
socialista ha comunicado a la Comisión Europea que sus metas son un
déficit del 2 % del PIB en 2019, el 1,1 % del PIB en 2020 y el 0,4 % del
PIB en 2021.
Tras ser aprobados por el Gobierno, los objetivos de estabilidad
tienen que debatirse y votarse para su aprobación en el Congreso de los
Diputados y el Senado antes de final de julio, mientras que el límite de
gasto no financiero o techo de gasto solo se informa. Una vez superado este trámite, la ministra de Hacienda tendrá que
elaborar el proyecto presupuestario, que tendrá que presentar en el
Congreso antes de final de septiembre y que previsiblemente tendrá como
base el texto rechazado de 2019.
Algunas de las medidas de gasto de ese proyecto ya fueron aprobadas
para 2019, como la subida de las pensiones o del sueldo de los
funcionarios, pero no las de ingresos, entre las que figuraban nuevos
impuestos para las transacciones financieras y determinados servicios
digitales o limitar las deducciones del impuesto de sociedades.
A esto se une ahora medidas pactadas con Unidas Podemos como la
subida del IRPF para rentas altas o el establecimiento de un tipo mínimo
efectivo del impuesto de sociedades para grandes empresas. Junto a la aprobación de los Presupuestos, Hacienda tiene el reto de
avanzar en la corrección del déficit estructural, que es una de las
cuestiones que vigila la Comisión Europea desde que España abandonó el
procedimiento de déficit excesivo (PDE).
A esto se añade la reforma del sistema de financiación autonómica y
local, emprendida tras las conferencia de presidentes celebrada en enero
de 2017 y que debía estar en vigor en 2018.