EFE | La reforma del sistema y del mercado eléctrico, de la factura de la luz,
del bono social (con la creación de un bono que incluya el gas) y de
las reglas de las subastas de renovables son algunos de los retos que
tendrá que afrontar el Ministerio para la Transición Ecológica en el
nuevo periodo que se abre. En el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos se contempla la
elaboración de un plan de reforma del sistema eléctrico, que favorezca
la transición a la descarbonización y unos precios asequibles para el
consumidor y las empresas.
El Ministerio tendrá encomendado elaborar normas legales
para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción de costes
que suponen las renovables se traslade al precio de la electricidad.
En este sentido, tendrá que aprobar cambios normativos en el mercado
eléctrico para acabar con la sobrerretribución (los conocidos como
'windfall profits') que perciben las grandes compañías eléctricas que
tienen tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio
diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sus costes
de inversión.
El actual sistema del mercado mayorista
es marginalista, es decir, que la demanda se cubre primero con las
tecnologías más baratas y después se incorporan progresivamente otras
más caras, pero al final todas cobran el precio de la última que haya
entrado, que es el más alto, incluidas aquellas que tienen menor coste
en la generación, como la hidráulica y otras renovables.
La modificación de la factura eléctrica es otro de los objetivos que se
han marcado los socios de Gobierno, reduciendo el término de potencia
(aquel que se paga por la potencia contratada y no por consumo),
mientras se incrementaría el término variable de la componente regulada
del recibo en función de la energía consumida.
De
esta manera, el coste a pagar por los consumidores por los primeros
kilovatios hora sería inferior a los siguientes, con el fin de
incentivar la eficiencia energética. Otro de los
retos que tendrá que encarar el Ministerio será una reforma profunda del
bono social eléctrico y la creación de uno general que incluya el bono
gasista. El coste del bono social, según lo acordado
por PSOE y Unidas Podemos, será asumido por las matrices de los grupos
de sociedades comercializadoras de energía eléctrica o por sociedades
que ejerzan esa actividad sin formar parte de ningún grupo societario.
En el horizonte del Ministerio también estará la modificación de los
requisitos, reglas y convocatorias de las subastas de renovables.
Para estas subastas se establecerá como criterio fundamental el coste
de generación de cada tecnología y se posibilitará la participación de
entidades locales, ciudadanas o cooperativas. También
se tendrá que acometer una revisión de los pagos por capacidad para
limitarlo a medidas condicionales, transitorias y de último recurso,
teniendo en cuenta el objetivo de reducir el precio de la electricidad.
La regulación del autoconsumo, para el que ya se aprobó un real
decreto-ley durante el último Gobierno socialista, será otra de las
tareas del Ministerio, al igual que establecer reglamentariamente la
retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de
autoconsumo, que deberá ser, según lo acordado por PSOE y Unidas
Podemos, como mínimo igual al valor del mercado mayorista de
electricidad. También es un compromiso seguir
trabajando para reparar a los pequeños inversores perjudicados por el
recorte a las renovables, una tarea que ya inició el Gobierno socialista
con la aprobación de un real decreto-ley y la creación de un fondo de
compensación de daños medioambientales, nutrido con recargos en las
pólizas de seguro obligatorias de operadores cuyas actividades puedan
causar daños medioambientales.
En este nuevo periodo
también se tendrá que aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, que quedó pendiente con la disolución del Parlamento.