EFE | La influencia sin cortapisas del poder económico sobre el político y las
guerras son los grandes catalizadores de la corrupción, revela este
jueves la ONG Transparencia Internacional (TI) en su tradicional
clasificación anual, en la que suspende el 67 % de los 180 países
analizados.
Como en años anteriores, Dinamarca y Nueva Zelanda son los países
percibidos por sus ciudadanos como los más limpios, con 87 puntos sobre
100 posibles, mientras que en el otro extremo se sitúan Somalia (9),
Sudan del Sur (12) y Siria (13), según el Índice de Percepción de la
Corrupción (CPI). Además, hay un "pasmoso número" de países que
registran una mejora mínima o nula. España gana cuatro puntos con respecto al informe
anterior, hasta los 62, y asciende a la trigésima posición desde la 41.
La mejora sin embargo no le sirve para alcanzar la media europea,
situada en los 66 enteros.
Hartazco global y protestas
La
ONG, además de ordenar a los países por su grado de transparencia,
destaca en esta ocasión el creciente hartazgo de la población con la
corrupción, que está cristalizando en múltiples protestas por todo el
mundo."La frustración con la corrupción gubernamental
y la falta de confianza en las instituciones delata la necesidad de una
mayor integridad política.
Los gobiernos deben afrontar urgentemente el
papel corruptor del 'gran dinero' en el financiamiento de los partidos
políticos y acabar con su influencia en nuestros sistemas políticos",
asegura la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira. El
informe resalta que "las protestas, de América Latina al Norte de
África, de Europa oriental a Asia central, coparon titulares cuando los
ciudadanos marcharon en Santiago (de Chile), Praga, Beirut y otras
ciudades para dar voz a su frustración en las calles".
Por
eso, prosigue el texto, "es esencial mantener al 'gran dinero' fuera de
la política para asegurar que los procesos de decisión se hagan en
favor de la ciudadanía y para limitar las opciones de la corrupción". En
riesgo está, advierte la organización, la democracia en su conjunto. TI
se permite aquí una nota de optimismo al apuntar que "los movimientos
anticorrupción en todo el mundo ganaron fuerza porque millones de
personas se juntaron para denunciar la corrupción de sus gobiernos".
También
critica que el G7 no ejerza de líder en este ámbito: con respecto al
año pasado Canadá ha perdido cuatro puntos, Reino Unido tres y Estados
Unidos dos. Alemania y Japón están estancados e Italia, el peor
clasificado de este grupo, gana un entero. "La falta
de progreso real contra la corrupción en la mayoría de países es
decepcionante y tienen un profundo impacto negativo sobre los ciudadanos
de todo el mundo", valora Patricia Moreira, directora gerente de TI.
Los mejores y los peores
Tras Dinamarca
y Nueva Zelanda aparecen en lo alto de la tabla de TI, por orden,
Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y
Luxemburgo. En el vagón de cola, junto a Somalia, Sudán del Sur y Siria,
se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela,
Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.
Entre
las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome
del año pasado y se sitúa en el puesto 23 (69 puntos), mientras que
China gana dos enteros (41) y avanza siete posiciones, hasta el puesto
80. Rusia, sin apenas cambios, queda en la plaza 137 (28 puntos). En
América Latina, Uruguay (puesto 21, 71 puntos) y Chile (puesto 26, 67
puntos) repiten como los países de la región percibidos como menos
corruptos, mientras que en el extremo opuesto, experimentando además
grandes caídas, se encuentran Venezuela (puesto 173, 16 puntos) y
Nicaragua (puesto 161, 22 puntos).
Entre medias, se
sitúan Costa Rica (56 puntos), Cuba (48), Argentina (45), Ecuador (38),
Colombia (37), Panamá y Perú (36), Brasil (35), El Salvador (34),
Bolivia (31), México (29), República Dominicana y Paraguay (28),
Guatemala y Honduras (26). Para afrontar la
corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos
poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la
transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar
las "puertas giratorias" y fomentar que toda la sociedad pueda
contribuir en el proceso de toma de decisiones.