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Las ONG miran ahora al Tribunal Constitucional

EFE | El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha avalado este jueves las devoluciones en caliente ha caído como una losa en las ONG de derechos humanos, que miran ahora con preocupación al Tribunal Constitucional y la decisión que tomará sobre la ley mordaza, que regula estas prácticas. Así se han pronunciado a Efe distintas organizaciones tras conocerse la decisión de los 17 magistrados de la Gran Sala del TEDH de revocar la condena que impuso a España por la expulsión a Marruecos de N.T y N.D, dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014.

Una decisión que, por el contrario, han aplaudido sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, que han exigido al Ministerio del Interior un protocolo que clarifique cómo deben actuar los agentes ante la entrada irregular de inmigrantes. En octubre de 2017, la Sala consideró por unanimidad que se trató de una "expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, "sin ninguna medida administrativa o judicial previa" y sin posibilidad de recurso.

Pero hoy, la última instancia del TEDH cree, también por unanimidad, que "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad" al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza". "Nos parece desalentador. Con todos los respetos a la Gran Sala, creemos que no han entendido nada de las cuestiones que planteábamos la parte demandante y también la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que somos tercera parte en este procedimiento", ha manifestado a los periodistas en Las Palmas de Gran Canaria la directora del Servicio Jurídico de la ONG, Paloma Favieres.

Lo ha dicho tras reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en cuyo departamento han señalado que "respetan y acatan" la decisión del tribunal europeo, como hacen con todas las resoluciones judiciales. Favieres ha confiado en que el TC, que estaba esperando a Estrasburgo para resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó, entre otros, el PSOE, contra la ley mordaza, que regula las devoluciones en caliente, marque "otra manera de gestionar la frontera sur".

De momento, varias fuentes jurídicas consultadas por Efe apuntan a que su doctrina es "vinculante" para España y de "obligado cumplimiento", aunque otras fuentes recuerdan que el TEDH aborda un caso muy concreto y que el TC puede marcar las pautas de aplicación y los límites de la ley. En Amnistía Internacional, la portavoz de Refugio y Migración, Verónica Barroso, piensa que Estrasburgo ha sentado "un precedente muy negativo" porque ha negado el derecho de inmigrantes y refugiados a acceder a "un procedimiento individualizado de asilo y a un recurso efectivo".

Y ha querido recordar que son prácticas ilegales que contravienen el Derecho Internacional de derechos humanos, al tiempo que ha mostrado su preocupación por que este fallo pueda contribuir a que los Estados ejecuten estas expulsiones sumarias y colectivas "con total impunidad". Desde Oxfam Intermón seguirán exigiendo la protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional "en cualquier parte", para quienes "entran legalmente y para quienes se ven forzados a hacerlo sin papeles", por lo que instan al Gobierno a que respete el principio de no devolución, afirma la responsable de Migraciones, Eva Garzón.

"La solución no es realizar devoluciones en caliente, sino facilitar vías legales y seguras", añade. Según la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega, la Agencia de la ONU para los refugiados trabajará con el Ejecutivo para establecer un mecanismo que permita conjugar el control de las fronteras que compete a los Estados con que las personas que llegan tengan acceso a un procedimiento de asilo en frontera que cumpla con estándares nacionales e internacionales.

En todo caso, Acnur defiende que los rechazos en frontera y la devolución de inmigrantes sin una investigación previa y adecuada y sin tener en cuenta las circunstancias individuales pueden contravenir la prohibición de las expulsiones colectivas establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para Women's Link, se trata de una resolución "terrible que sienta un precedente nefasto para otros países europeos" y que va a tener un impacto específico en las mujeres migrantes, pues se van a devolver a presuntas víctimas de trata y solicitantes de asilo sin la oportunidad de ser identificadas o de solicitar protección.

En el Servicio Jesuita a Migrantes se han mostrado algo más optimistas al señalar que, aunque les preocupa que la sentencia no haya apreciado la violación de los derechos de N.D y N.T, "hay elementos de interés sobre garantías de derechos humanos en frontera". La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado siente "estupor e indignación" por el "inédito" cambio de criterio del TEDH, que ha pasado a cargar "duramente contra las personas migrantes".

Tras conocer el fallo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha señalado que debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique el protocolo de actuación de los agentes, de forma que se dote de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles y se protejan las fronteras garantizando al mismo tiempo los derechos humanos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) estima que la sentencia supone "un hito" porque refuerza la seguridad jurídica de los agentes "frente a las avalanchas de inmigrantes" en Ceuta y Melilla y asegura que es "el testimonio incontestable" de que las actuaciones policiales "son proporcionadas, oportunas, jurídicamente impecables y respetuosas con la legalidad europea y el código de fronteras Schengen".

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha recordado que esta organización ha denunciado en numerosas ocasiones que los agentes son "los grandes sufridores" de las "devoluciones en caliente" y ha insistido en que Interior debe redactar un protocolo de actuación que "evite que se cuestionen" sus actuaciones".