EFE | El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido hoy que se activen los mecanismos de solidaridad previstos en la
Unión Europea para la acogida de los inmigrantes que llegan a sus
costas, ante un repunte en el flujo de pateras que el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce que "preocupa" pero que ve
"bajo control".
Tras el encuentro que han celebrado en Las Palmas de Gran Canaria las
administraciones canarias y los cuerpos de seguridad y emergencias
implicados en este fenómeno con el ministro, Torres ha anunciado que
cabildos y ayuntamientos están dispuestos a habilitar más plazas de
acogida humanitaria, porque la mayoría ya están desbordados, y el Estado
va a hacer lo propio con sus recursos.
En este sentido, Grande-Marlaska ha adelantado que se va a
acondicionar el módulo de madres de la cárcel de mujeres de Tenerife
como espacio de acogida para mujeres inmigrantes, mientras se estudian
nuevas opciones que se van a llevar a la reunión que mañana celebra la
Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, presidida para esta ocasión
por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Grande-Marlaska ha dicho compartir con las autoridades canarias la
"preocupación" que suscita este incremento en las entradas irregulares
de personas por vía marítima al país a través de las islas, pero ha
pedido no ser "alarmista", porque la situación no es comparable a la
crisis de los cayucos de 2006 y porque, ha recalcado, este Gobierno
"tiene una política migratoria", a diferencia de su antecesor, en cuyo
mandato "dejó de existir".
El ministro ha recordado que la política migratoria se ejerce en una
primera fase desde la prevención, con iniciativas de cooperación al
desarrollo que permitan "adelantar las fronteras y posibilitar que haya
menos necesidades de salir a buscarse la vida", una tarea que España
tratará de que el próximo presupuesto europeo, vigente entre 2021 y
2027, haga "efectiva y estructural".
Esta política migratoria, ha reseñado Grande-Marlaska, también se
garantiza con la lucha contra las redes y mafias ilegales, que ponen en
riesgo a miles de personas, y con acuerdos bilaterales con estados
vecinos, como los existentes con Marruecos, Mauritania y Senegal, que se
prevén extender a Gambia, Guinea Conakry y Ghana, para favocerer las
repatriaciones con plenas garantías de legalidad, como las que ya se
producen.
Una vez que los inmigrantes salen al mar, "la obligación de España
es rescatarlos", una labor de "seguridad humana" que el país brindó en
2018 a 60.000 personas y a 26.000 el pasado año, ha detallado el
ministro, quien ha resaltado también la labor que se hace en materia de
protección internacional.
Y es que España fue en 2019 el tercer país de la UE que más
peticiones de asilo y refugio recibió, con 118.000 expedientes, unas
peticiones de protección internacional que en el mes y medio
transcurrido de 2020 ascienden a 13.000, la cifra más alta del entorno
europeo.
"Tenemos conocimiento efectivo" del fenómeno migratorio que afecta a
Canarias "y hemos venido a compartir la preocupación por este repunte,
si bien la situación está perfectamente controlada y coordinada", ha
subrayado el ministro, quien ha recalcado que "todas las devoluciones"
de inmigrantes que hace España se realizan en el marco de la normativa
internacional y con un control judicial efectivo, es decir, con las
máximas garantías".
Respecto a la situación que viven los internos en los CIE como el de
Barranco Seco, en Gran Canaria, criticada por agentes sociales y por
jueces de control, como el de Las Palmas, Arcadio Díaz Tejera,
Grande-Marlaska ha informado de que el Gobierno español ha destinado 33
millones de euros a la mejora de las ocho infraestructuras de este tipo
que operan en el país y a la creación de un nuevo concepto de CIE en
Algeciras que abrirá en dos años.
En cualquier caso, el ministro ha garantizado que se harán las obras
que se precisen para garantizar "un sistema de vida" a los usuarios de
estos centros. Preguntado por la polémica abierta en torno a la devolución de
inmigrantes de Mali a Mauritania, criticada por varias ONG, Grande
Marlaska ha recalcado que todo el proceso de repatriaciones se realiza
respetando las leyes españolas, la normativa internacional y y los
derechos de los afectados y bajo control judicial.