EFE | Las islas del Egeo griego ya no aguantan más. Los
habitantes de las cinco comunidades, que albergan a más de 40.000
migrantes en campamentos con una capacidad para sólo 6.000 personas, han
decidido plantar cara al Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis. Ante el Ministerio del Interior en Atenas, varios centenares de vecinos
de estas islas, flanqueados por sus Gobiernos locales, dieron este
jueves rienda suelta a su ira contra los planes del Gobierno de crear
nuevos centros cerrados en sus islas.
Piden la descongestión inmediata de los campos, el
traslado de todos o, al menos, de la mayoría de los migrantes al
territorio continental y no están dispuestos a aceptar bajo ningún
concepto la creación de nuevas instalaciones. "El
plan del Gobierno es que toda esta gente se quede en las islas del Egeo
del Norte. Creemos que esto no es correcto y que deben repartirlas por
todo el país. Si no podemos detener la inmigración, tenemos que
repartirlos", señaló a Efe el gobernador central de la región de Egeo
del Norte, Kostas Muntsuris, durante la manifestación.
Para la población insular, la gota que ha colmado el vaso ha sido el
decreto ley aprobado esta semana por el Gobierno, que prevé la requisa
de terrenos en Lesbos, Samos y Quíos para instalar los nuevos centros
cerrados. Nada más publicarse este decreto, las
comunidades locales decidieron suspender la cooperación con el Gobierno,
un Ejecutivo con el que por lo demás comparten color político.
"El Gobierno no va a dar marcha atrás", ha zanjado el portavoz del
Ejecutivo, Stelios Petsas, en varias entrevistas a las televisiones
públicas a lo largo de los últimos días. Petsas
insiste en que el Gobierno no tiene prevista una expropiación dura, sino
una requisa por un periodo de tres años en los que las personas que se
vean obligadas a ceder su terreno recibirán una compensación económica.
Pero los ciudadanos de las islas no parecen confiar en la palabra del
Gobierno, a pesar de que Mitsotakis -Nueva Democracia ganó por mayoría
las elecciones generales en julio pasado- sigue gozando de gran
popularidad, entre otras cosas, por su política de mano dura en temas de
seguridad ciudadana. Los isleños no creen que los
nuevos centros cerrados sustituirán a los abiertos, que albergarán un
máximo de 20.000 personas y que el resto será devuelto a Turquía o
trasladado al continente en pocos meses, como asegura el Ejecutivo.
Temen que al final los nuevos convivirán con los campos ya existentes
como el de Samos que, con alrededor de 7.300 migrantes (once veces más
que su capacidad), tiene más habitantes que la capital de esa isla
(6.250). Las cifras avalan este miedo. De los 20.000
traslados a la parte continental que anunció el Ejecutivo para comienzos
de año, de momento solo se han efectuado en torno a 9.000. Pese a ello,
Petsas insiste en que es factible sacar a los 11.000 restantes antes
del verano.
Además de acelerar los trámites de asilo
-condición necesaria para poder trasladar a tierra firme o devolver a
Turquía- el Gobierno apuesta por reforzar los controles fronterizos e
incluso planea instalar vallas flotantes en el mar para disuadir a los
que llegan en pequeños botes desde la costa turca.
Esta idea, basada en los dispositivos para contener los vertidos de
petróleo, ha causado hilaridad entre los medios nacionales e
internacionales, habida cuenta de la inmensidad de kilómetros de costa
que habría que "proteger".
Yannis Burnús, diputado de
la izquierdista Syriza por Lesbos, pone especial énfasis en que la
población de las islas no se ha vuelto racista de la noche a la mañana.
"Hemos unidos nuestras voces (...) estamos aquí para demostrar
democráticamente nuestra determinación de continuar esta lucha, una
lucha que no divide a locales y refugiados, sino que es contra el
Gobierno y contra la política europea que ha dejado solas a las islas
griegas", señaló Burnús a Efe.
Para él, lo que está
sucediendo supone la "bancarrota del modelo de integración europeo",
pues los líderes de la Unión Europea, en lugar de sancionar a los países
que se niegan a acoger a refugiados, han optado por convertir "Italia y
Grecia en enormes cárceles para migrantes y refugiados" a cambio de
alguna compensación económica. El gobernador regional
comparte esta visión. "Europa ha construido un muro en torno a sus
fronteras y ahora este país, Grecia, está construyendo un segundo muro
en torno a la Grecia continental".