FISCALIDAD
El Gobierno aprueba los impuestos digital y a las transacciones financieras
EFE | El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los proyectos de ley
de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados
servicios digitales, conocidos como tasa Tobin y tasa Google.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero,
ha argumentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
de que estos nuevos tributos pretenden "avanzar en un sistema fiscal más
justo, más redistributivo y que se adecue a la nueva realidad
económica".
Los impuestos a las transacciones financieras y determinados
servicios digitales ya fueron aprobados en enero del pasado año, aunque
su tramitación decayó ante la convocatoria de las elecciones generales
de abril, por lo que nunca llegaron a ponerse en marcha. El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3 %
los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de
los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de
intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de
información proporcionada por el usuario.
Entre estos supuestos figuran, por ejemplo, empresas que usan bases
de datos que les venden otras para contactar con usuarios o hacer
publicidad personalizada sin contribuir a la sociedad, por lo que "es de
justicia que la sociedad se beneficie de ello", ha considerado Montero.
Ha recordado que se aplicará a las empresas con más de 750 millones
de ingresos a nivel mundial y 3 millones nacional, unos "límites que no
son discriminatorios ni por nacionalidad o tipo de empresa" y que,
además, excluyen a pequeñas y medianas empresas (pymes) y "start ups"
(empresas emergentes) digitales.
La recaudación prevista de este impuesto es de 968 millones de
euros, una cifra inferior a los 1.200 millones inicialmente previstos
"debido a la ralentización de la economía".
El impuesto se liquidará trimestralmente, aunque se establece una
excepción para 2020 en la que las liquidaciones del segundo y tercer
trimestre no se realizarán hasta al menos el 20 de diciembre, con el
objetivo de dar "margen" a la adaptación de las empresas y a la
negociación con la OCDE y el G20, de cara al establecimiento de un
impuesto digital común.
En ese sentido, ha apuntado que en caso de que se logre un acuerdo
para la tributación digital a nivel global, "España adaptará su
legislación interna", en línea con lo planteado por Francia, Italia o el
Reino Unido.
Por su parte, el impuesto sobre transacciones financieras, con el
que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, gravará con un
0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas
con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
El tributo no afectará a las pymes, ya que recae sobre el
intermediario financiero, y se centra en un sector, el financiero, "que
durante la crisis recibió un importante apoyo" público.
La ministra ha insistido en que estas figuras tributarias están en
línea con las que se debaten a nivel europeo y tienen por objetivo
modernizar el sistema fiscal.
Con estos impuestos "el sistema tributario se moderniza y son parte
de un primer paso" hacia un sistema fiscal más redistributivo, en el que
los impuestos medioambientales "jugarán un papel determinante".