EFE | El Congreso de los Diputados ha
aprobado hoy la senda de estabilidad presupuestaria hasta 2023,
una medida que todavía tendrá que ser avalada por el Senado y que
constituye el primer paso para la elaboración de los Presupuestos de
2020.
Tras este "paso importante", la ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, ha señalado a los periodistas que la intención del
Gobierno sigue siendo "tener los Presupuestos aprobados a lo largo del
verano" para poner fin a la prórroga de las cuentas de 2018.La
votación se ha saldado con 168 votos a favor -PSOE, Unidas Podemos, PNV,
Más País, Nueva Canarias-Coalición Canarias, PRC, Compromís y Teruel
Existe-, 150 votos en contra -PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya,
CUP, UPN y Foro Asturias- y 19 abstenciones -ERC, EH Bildu y BNG-.
La
aprobación de los objetivos de déficit y deuda para 2020 y la senda
para el periodo 2021-2023 -que va acompañada del límite de gasto no
financiero para 2020, aunque no es objeto de votación- ha sido posible
gracias a las abstenciones de ERC y EH Bildu, anunciadas en el último
momento.ERC ha defendido que con su abstención quiere dar "margen
de confianza" al Gobierno "para que el diálogo y la negociación puedan
avanzar" en Cataluña tras reconocer que por el momento el Ejecutivo
"está cumpliendo" con sus compromisos.
Junts per Catalunya, en
cambio, ha votado en contra al criticar que el Gobierno debería entregar
a Cataluña los 443 millones de euros que consideran pendientes
derivados de la modificación del sistema de liquidación del IVA en 2017. EH
Bildu se ha decantado finalmente por la abstención después de que
Montero anunciara que permitirá a los ayuntamientos con superávit
realizar más inversiones financieramente sostenibles -aquellas que
pueden hacerse sin computar para la regla de gasto- y dedicarlas a
conceptos que hasta ahora no se permitían como la lucha contra la
despoblación o el fomento del empleo.
La ministra también ha
mostrado su intención de modificar la metodología de cálculo de la regla
de gasto -que impide aumentar el gasto público por encima de una
determinada referencia ligada al crecimiento- para dar mayor margen a
comunidades autónomas y ayuntamientos como habían reclamado EH Bildu,
ERC, Compromís o Más País, un anuncio que ha sido recibido con aplausos.
La
propuesta del Gobierno supone relajar la senda de corrección del
déficit público hasta el 1,8 % del PIB en 2020, el 1,5 % en 2021, el 1,2
% en 2022 y el 0,9 % en 2023, lo que según la ministra beneficiará
especialmente a comunidades autónomas y Seguridad Social.De esta
manera, ha argumentado Montero, los objetivos de déficit se adaptan a la
realidad "económica, social y política" del país, tras calificar la
senda vigente -que prevé superávit en 2021- de "irreal" desde que se
aprobó.La senda de estabilidad continuará ahora su tramitación en
el Senado, que tiene capacidad de veto según recoge la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
Junto con la senda de estabilidad,
Montero ha expuesto el límite de gasto no financiero para 2020 -de
127.609 millones de euros, un 3,8 % superior al recogido en el fallido
proyecto presupuestario de 2019- que no se somete a votación y que
constituye el paso previo a la elaboración del Presupuesto de este año.PP,
Ciudadanos y Vox han afeado al Gobierno este aumento del límite de
gasto no financiero al considerar que supondrá un aumento del gasto que
perjudicará a la economía.