SEGURIDAD SOCIAL
Escrivá defiende retrasar la jubilación real para afrontar un gasto creciente
EFE | El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones,
José Luis Escrivá, ha defendido incentivar el retraso de la edad real
de jubilación, manteniendo la legal en los 67 años fijados en la reforma
de 2011, como forma "realista" de afrontar el aumento del gasto en
pensiones previsto a medio plazo.
Ha sido durante su
primera comparecencia en la Comisión correspondiente del Congreso, en la
que ha hecho una defensa enérgica de la solvencia del sistema de
pensiones. Además se ha puesto como meta contar "a partir del año
que viene" con un marco legal estable para una revalorización anual de
las pensiones que garantice su poder adquisitivo, lo que pasa por la
recuperación del consenso sobre este asunto en el Pacto de Toledo.
El ministro ha considerado que, "si todo va bien", en la segunda parte
de la legislatura podrían aprobarse normas que emanen de las
recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad
financiera de las pensiones. Escrivá ha explicado que
existen "incentivos positivos" en el marco de la Seguridad Social que
no se han explotado lo suficiente, que permitirían abordar el problema
de gasto a medio plazo "con resultados tangibles" y que provocarían que
la edad de jubilación efectiva se acerque a la legal de 67 años que
estará plenamente en vigor en 2027.
Ha incidido en
que la Seguridad Social parte de una situación sólida, aunque ha
reconocido que a partir de 2050 se generará un mayor incremento del
gasto consecuencia de la jubilación de los nacidos a lo largo de los
años 60, los denominados "baby boomers". El
Ministerio asume los cálculos de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), según los cuales, el gasto en pensiones
crecerá en 3 puntos de producto interior bruto (PIB) en 25 años, un
incremento que Escrivá cree que es "manejable y abordable" si se
incentiva un acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la legal.
El ministro ha insistido en que se tiene que devolver la certidumbre a
los pensionistas, en un momento en que hay un nivel de inquietud que se
sitúa en niveles máximos desde una perspectiva histórica.
"Se vive una situación intrínsecamente injusta", ha afirmado, ya que se
trasmite erróneamente que las pensiones están en riesgo y se toman
decisiones financieras inadecuadas, que además merman los ingresos del
sistema, ya que propician jubilaciones anticipadas y desincentiva a los
autónomos a cotizar conforme a sus ingresos reales.
"Este nivel de incertidumbre genera un círculo vicioso sobre la
situación del sistema que no podemos tolerar y provoca desafección", ha
dicho el ministro, que ha restado importancia al "déficit contable" del
sistema de pensiones sobre el que el Gobierno tiene previsto actuar,
sacando de la Seguridad Social prestaciones que deben ir a cargo de los
Presupuestos del Estado.
En el ámbito de la Seguridad
Social, ha fijado también como objetivos la reforma del complemento de
maternidad de la pensiones, que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE)
consideró discriminatorio para los hombres, y la revisión de las
prestaciones por incapacidad temporal (bajas médicas), porque hay margen
para que los 300 millones de euros anuales que se gastan en este
concepto "se usen mejor".
En el capítulo de
inclusión, Escrivá ha abogado por un ingreso mínimo vital "flexible,
eficaz, suficiente y evaluable" que rebaje los "considerables" niveles
de desigualdad que persisten en España y ante los que las políticas
públicas han sido "poco eficaces". En este sentido,
ha defendido que hay "espacio fiscal" para, con un diseño eficaz, contar
con esta herramienta con una dotación asumible en el marco de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ha reiterado
que se hará por fases, empezando por la prestación por hijo a cargo, y
en coordinación con las ayudas existentes en las diferentes Comunidades
Autónomas.