EDUCACIÓN | REFORMA
La ley Celaá, que quita peso a Religión y concertada, ya puede ir al Congreso
EFE | El Gobierno ha aprobado hoy para enviarlo al
Congreso el proyecto de ley educativa que lidera la ministra de
Educación, Isabel Celaá, con el que se derogará la Lomce y se quitará
peso a la Religión a la vez que se eliminará la "demanda social" para
poder abrir plazas en los centros concertados.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de
Igualdad, Irene Montero, han acompañado a Celaá en la rueda de prensa
tras el Consejo de Ministros para respaldar una norma con la que, han
subrayado, no habrá "segregación" del alumno ni en el acceso ni a la
salida del sistema educativo.
Celaá, que defiende la educación pública como eje vertebrador del
sistema, ha enfatizado: "no se puede segregar a ningún niño por razones
socieconómicas u otras causas". El texto de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe)
-conocido también como "ley Celaá"- se ha aprobado por segunda vez ya
que la anterior, el 15 de febrero de 2019, no pudo pasar al Parlamento
para su debate tras convocarse elecciones anticipadas.
Y aunque ahora hay un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas
Podemos, el proyecto mantiene los mismos puntos ahora que el pasado año,
algunos de ellos criticados por la oposición y asociaciones y
sindicatos de la concertada y de escuelas católicas. Celaá ha explicado que la asignatura de Religión será de oferta
obligatoria para los centros y voluntaria para el alumnado pero no
tendrá asignatura alternativa como ocurre ahora.
Sobre la concertada, la reforma educativa elimina el término de
"demanda social" que fija la Lomce para abrir plazas en estos centros a
la vez que establece "preferentemente" se concertará a los centros que
no separan por sexo a los estudiantes. Y sobre el castellano ha señalado que la Lomloe respeta la
Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional respecto al
castellano y se fija que "al final de la enseñanza obligatoria todos los
alumnos de este país tendrán conocimiento y capacidad de uso del
castellano, lengua oficial del Estado y de la lengua cooficial de su
respectiva comunidad conforme al estatuto vigente.
El proyecto de ley es "la primera pieza y piedra angular de una
profunda transformación del sistema educativo, ambiciosa, exigente, de
largo alcance, responsable con nuestros menores y su futuro", ha
sostenido Celaá, que ha dicho que se hará hincapié en la etapa de 0-3
años.
Otros puntos de la reforma educativa es la obligación de estudiar
Valores éticos y Cívicos en un curso de Primaria y otro de Secundaria,
la posibilidad de aprobar el Bachillerato por compensación en caso de
superar todas las materias salvo una o limitar la repetición de curso,
que pasa a ser un recurso excepcional.
Habrá evaluaciones de diagnóstico en Primaria y Secundaria pero se
eliminan las "reválidas" que marcaba la Lomce aunque no se han puesto en
funcionamiento. Desde la oposición se han sucedido las críticas a la Lomloe y si ayer
lunes el PP pedía su retirada, este martes Ciudadanos ha presentado en
el Congreso una proposición no de ley para la paralización de la
tramitación de este norma para "la defensa del derecho a la libertad de
elección de las familias en el ámbito de la educación".
La comunidad educativa también ha reaccionado, muchos valorando que
se busque derogar los puntos más criticados de la Lomce, pero otros
rechazando que se quite peso a la concertada y a la asignatura de
Religión. También algunas ONG han opinado como Save The Children, que ha
pedido "evitar escuelas gueto y acabar con el cobro de cuotas ilegales"
mientras que la Plataforma de Infancia ha solicitado "más valentía" en
temas de equidad educativa.
La reforma educativa de Celaá ha sido revisada con las comunidades
autónomas en Conferencia Sectorial y no tiene que pasar de nuevo por el
Pleno Consejo Escolar del Estado, que ya aprobó un informe sobre su
anteproyecto. Tampoco lo hará por el Consejo de Estado ya que, según la
ministra, no es obligatorio. Se abrirá en breve, por tanto, el periodo de tramitación en el
Parlamento, donde se espera que los diversos partidos presenten sus
enmiendas al texto.