El Parlamento insta a la Xunta a que promueva la adaptación de la legislación vigente a la realidad de las embarcaciones del sector mejillonero

Las más de 1.000 embarcaciones empleadas por los propietarios y empleados de bateas exigen a sus titulares la adaptación al Sistema Mundial de Salvamento y Socorro Marítimo, así como una determinadas condiciones sanitarias, certificaciones médicas y unos sistemas de telecomunicaciones similares a los destinados a los buques de pesca de altura. No obstante, estas lanchas auxiliares del sector mejillonero se usan para desplazamientos cuya media se limita a una milla de distancia ?la correspondiente al trayecto entre el puerto y la batea y viceversa-, que normalmente se efectúa en el propio interior de las rías gallegas. Esta es la causa de que BNG y PSdeG consensuasen una proposición no de ley que, tras su aprobación en la Cámara autonómica, instará al Gobierno gallego a demandar a la Administración central y, en concreto al Ministerio de Fomento, a realizar los correspondientes estudios de cara a acometer una adaptación en la normativa vigente. ?Trátase de recoñecer a singularidade deste tipo de frota?, aseveró el portavoz nacionalista, Bieito Lobeira. La ?realidade específica? que caracteriza al contexto en el que desarrollan su actividad los titulares de esas 1.019 embarcaciones auxiliares requiere, según señalaron los portavoces de BNG y PSdeG, una revisión de la actual obligación en materia de formación, medios sanitarios e infraestructuras de comunicación. Actualmente es preciso contar con un subsistema de comunicación cuya cobertura se realice vía satélite cuando, a juicio de Lobeira, ?no caso de accidente, sempre é máis práctico chamar co teléfono móbil a terra e que agarde no porto unha ambulancia?. Así, apuntó que diversos estudios realizados por la formación nacionalista demuestran que la gran mayoría de los casos de siniestros laborales en el sector mejillonero se han producido en el propio puerto, una vez atracadas las embarcaciones, por causa de las ?deficiencias infraestruturais? de las instalaciones portuarias. De igual modo, las dos formaciones políticas cuestionan el hecho de que la legislación impida a los ?balandros? empleados por los propietarios o trabajadores de bateas disponer de un bote auxiliar para acceder a las zonas rocosas donde cultivan la cría de mejillón y a las que sus embarcaciones no pueden llegar. Por su parte, el PPdeG manifestó su acuerdo ?co fondo? de la proposición no de ley siempre que esta solicitud de revisar la legislación que atañe a las embarcaciones auxiliares del sector mejillonero se extendiese a la totalidad de las que integran la flota tradicional. No obstante, el BNG considera que la seguridad de los tripulantes de embarcaciones artesanales depende de otro tipo de factores que determinan una singularidad propia que las diferencia de las unidades del sector mejillonero. Es el caso del incremento de la potencia máxima instalada en sus motores, que como apuntó Lobeira, permitiría a los percebeiros disponer de más seguridad en momentos de mayor oleaje o en caso de temporal. Sin embargo, aseguró que el Gobierno central interpreta esta petición como una tentativa de incrementar la capacidad del esfuerzo pesquero, es decir, del volumen de recurso extraido por los mariscadores y que, por ello, ha denegado las solicitudes del Gobierno gallego al respecto.