EFE | Una investigación por un supuesto fraude cuando era alcalde de Girona
ha vuelto a situar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont
ante el Tribunal Supremo, que debe estudiar si abre otra causa contra él
y encara una nueva solicitud de entrega por delitos menores a los que
se le imputan por el "procés".
Una jueza de Girona ha pedido al alto tribunal que impute a
Puigdemont por hechos completamente ajenos al proceso independentista
catalán: un supuesto fraude en la compra en 2014 de obras de arte con
fondos públicos de la gestión de agua durante su etapa como alcalde
gerundense.
Decisión que el ahora eurodiputado atribuye al deseo de la Justicia
de extraditarlo como sea en un momento en el que ya pesa sobre él la
petición de suplicatorio al Parlamento Europeo para que le levante la
inmunidad y seguir así con su entrega por los delitos de sedición y
malversación en el marco del "procés".
El Supremo tiene que valorar ahora si abre un nuevo procedimiento
contra Puigdemont por los delitos de falsedad, fraude a la
Administración y prevaricación que le atribuye indiciariamente la jueza,
previo informe de la Fiscalía del alto tribunal, que todavía no tiene
en su poder la exposición razonada, según informan a Efe fuentes
fiscales.
Dado que Puigdemont goza de inmunidad como europarlamentario, en el
caso de que el Supremo abra una causa contra él, el instructor designado
tendría que cursar un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo por
estos tres delitos, según las fuentes.
A diferencia de lo que ocurría con la sedición, las fuentes explican
que en este caso el fraude y la falsedad sí aparecerían en el listado de
delitos contemplados en la regulación de la euroorden de cara a una
entrega automática; no así la prevaricación, que no comporta pena de
prisión.
Sin embargo, otras fuentes consultadas explican que Anticorrupción
duda de una eventual petición de entrega por unos delitos de una entidad
menor a la malversación cuando el Supremo se negó a aceptar que fuese
entregado solo por este delito (y no por sedición) en la causa del
"procés".
De cualquier modo, este caso no depende de Anticorrupción; es la
Fiscalía del Supremo quien debe informar sobre si el alto tribunal debe
abrir causa y, en su caso, pedir suplicatorio para la entrega de
Puigdemont. Además, las fuentes inciden en que son dos procedimientos
independientes relativos a hechos distintos.
Tan diferentes que se remontan a la etapa en la que Puigdemont era
alcalde de Girona. Se investiga la presunta compra en 2014 de obras de
arte, en concreto la colección Santos Torroella, con fondos públicos de
la gestión del agua.
El caso, que se abrió a raíz de una querella de la CUP, se remonta a
hechos ocurridos en 2013, cuando el Ayuntamiento acordó una prórroga de
la concesión de la gestión del agua a Aigües de Girona (Agissa)
-participada en un 20 % por ayuntamientos y en un 80 % por un socio
privado-, a cambio del pago de un canon extraordinario por 3,7 millones
de euros, de los que el consistorio recibió 2,6, según la exposición de
la jueza.
Paralelamente, en 2014, Puigdemont, entonces alcalde de Girona,
suscribió un acuerdo para la compraventa, por 3,9 millones de euros, de
un fondo de arte ideando un "artificio" para "ocultar" -según sospecha
la magistrada y Anticorrupción- que el primer pago iba a ser a costa de
dicho canon aportado por Agissa.
En el proceso de compra y financiación de la colección -que fue
autorizada por el pleno por un gasto plurianual de 2,9 millones de euros
entre 2015 y 2019-, se "ocultó" el origen del dinero, continúa el
informe de la jueza, que ve "indicios racionales de criminalidad" en el
expresident.
La magistrada cree que, con el "conocimiento y aprobación" de
Puigdemont, se llevó a cabo una "operación para ocultar" que el primer
pago del precio de la colección se realizó a costa de las cantidades
recibidas como consecuencia del establecimiento del canon, con lo que se
"defraudó" al Ayuntamiento de Girona y se "perjudicó" en su patrimonio
relativo al servicio del agua.