El año pasado se presentaron en Galicia 758 demandas de ejecuciones
hipotecarias, la cifra más baja de los últimos doce años. Solo en 2007,
el año anterior al comienzo de la crisis económica, se registró un
número inferior (701). Los procedimientos de este tipo abiertos en 2019
descendieron un 42,7 % con respecto a 2018, cuando se iniciaron 1.323
ejecuciones hipotecarias. En el conjunto del Estado, descendieron
un 36,5 %, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis
económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección
de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los juzgados gallegos practicaron el año pasado 2.271 lanzamientos,
de los que 1.800, el 79,2 %, fueron consecuencia de procedimientos
derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por
impagos de alquiler. Otros 396 correspondieron a ejecuciones
hipotecarias y los 75 restantes, derivaron de otras causas. En
comparación con el mismo periodo del año pasado, el número de
lanzamientos en la comunidad experimentó un aumento del 32,9 %, al pasar
de 1.709 a 2.271. Los años 2018 –cuando tuvo lugar la huelga de
funcionarios que afectó al normal funcionamiento de la Administración de
Justicia en la comunidad- y 2019 son los que menos lanzamientos se
contabilizaron desde 2013, cuando comenzaron a elaborarse estos
informes. En el conjunto del Estado, en 2019 experimentaron un descenso
del 9,5 % con respecto a 2018.
El estudio, además, refleja que el año pasado los juzgados gallegos
ingresaron 145 demandas, de las que resolvieron 101, por ocupación
ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas
físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de
vivienda social.
El informe presentado hoy también incluye datos de los concursos
presentados en los juzgados de lo mercantil. De los 257 registrados en
2018, se pasó a 319 en 2019, lo que supone una subida del 24,1 %. Con
respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que
desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en
vigor el 1 de octubre de 2015 corresponden a los juzgados de primera
instancia e instrucción, se presentaron en Galicia 227 casos, frente a
los 113 del mismo periodo del año anterior (un 100,9 % más).
En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal,
relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de
carácter colectivo (EREs), en la comunidad gallega se contabilizaron 37
el año pasado, un 12,1 % más que en 2018, cuando se registraron 33.
En los juzgados de lo social, según el informe de la Sección de
Estadística del Consejo General del Poder Judicial, se interpusieron
5.628 demandas por despido, lo que supone un aumento interanual del 11
%, pues en 2018 se registraron 5.070. El estudio, además, refleja un incremento de los procedimientos
monitorios presentados en 2019 en los juzgados de primera instancia y de
primera instancia e instrucción. En Galicia se presentaron 39.040,
frente a los 30.585 del año anterior, lo que supone una subida
interanual del 27,6 %. Datos estadísticos