CASO GÜRTEL
13 acusados pactan con el fiscal y confiesan la trama Gürtel en la visita del papa
EFE | Trece de los veintitrés acusados en el juicio por supuestas
contrataciones irregulares a empresas de la trama Gürtel con ocasión de
la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006 han
confesado su participación en los hechos tras pactar con la Fiscalía a
cambio de una rebaja de penas.
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de
esta pieza de Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, en el que
se sientan en el banquillo 23 acusados, entre ellos el exvicepresidente
del Gobierno valenciano, ex director general de la Policía y
expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino y el ex director
general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno.
Igualmente vuelven a comparecer en un nuevo juicio de Gürtel los
integrantes de la cúpula de la trama, su líder, Francisco Correa; su
número dos, Pablo Crespo, y el responsable de la red en Valencia, Álvaro
Pérez, el Bigotes, los tres ya en prisión al estar cumpliendo condenas
por otras piezas del caso.
Las fiscales estiman que utilizando gestiones realizadas por Juan
Cotino, que entonces era vicepresidente del Consell y conseller de
Agricultura, los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo
de Correa contratos para la instalación en las calles de València de
pantallas y sonido por 7.493.600 euros y que se hiciera cargo del gasto
la RTVV, con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.
Así se repartieron supuestamente 3.387.197 euros de dinero público
entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y
el también acusado José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad
y la fiscalidad de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia.
Por su parte, según la Fiscalía, Juan Cotino, recibió de las empresas
del grupo Correa como regalo un chaquetón valorado en 375 euros.
La vista ha comenzado con las cuestiones previas en una sesión en la
que han manifestado su intención de colaborar con la justicia y confesar
los hechos, fruto del pacto con la Fiscalía Anticorrupción, trece
acusados, entre ellos Pedro García Gimeno.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para
él 40 años de prisión, la mayor pena de las que solicita para el total
de 23 acusados.
También se han prestado a confesar los hechos en el mismo sentido
Álvaro Pérez, el Bigotes, y José Ramón Blanco Balín, para los que la
Fiscalía pide 37 y 18 años de prisión, respectivamente. El abogado de Blanco Balín, considerado el "blanqueador" de la trama,
ha informado de que su defendido ya ha realizado una transferencia de
400.000 euros en concepto de reparación parcial del daño causado, "tras
un proceso de reflexión y arrepentimiento".
El resto de acusados que han llegado a un pacto con la Fiscalía
ocupaban diversos cargos en la RTVV y en empresas instrumentales del
grupo Correa, que se enfrentan a peticiones de pena de la Fiscalía de
entre 9 y 15 años de cárcel.
Entre los que no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía se
encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo y Juan Cotino, para los que
las fiscales piden 38, 37 y 11 años de prisión, respectivamente.
Varias defensas, entre ellas las de Francisco Correa y Pablo Crespo,
han advertido al tribunal de que no puede dictar una sentencia de
conformidad ya que para ello el acuerdo debería ser suscrito por todos
los acusados.
El abogado de Correa ha pedido la suspensión del procedimiento por
nulidad de las grabaciones efectuadas por el exconcejal de Majadahonda
(Madrid) José Luis Peñas, condenado en el juicio de la época I de
Gürtel, que dieron lugar al caso, así como de las efectuadas en la
prisión madrileña de Soto del Real a acusados cuando hablaban con sus
letrados.
Por su parte, el defensor de Álvaro Pérez ha anunciado que éste va a
seguir colaborando con la justicia como ha hecho en los últimos juicios
de la trama.
EL abogado de José Luis Martínez Parra, que era director de Teconsa,
empresa a la que se adjudicó el suministro de las pantallas y los
aparatos de sonido para la visita del papa con ocasión del Encuentro
Mundial de las Familias, ha denunciado "las maniobras" que realiza la
Fiscalía en España para pactar con acusados después de presentar su
escrito de acusación.
A su juicio busca "amedrentar" a los acusados y ha estimado que estos
acuerdos deberían adoptarse en la fase de investigación pero no en el
juicio.
La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de asociación ilícita,
prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las
administraciones públicas, falsedad documental, falsedad en documento
mercantil, cohecho, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.