EFE | El exdirector general de Radiotelevisión Valenciana Pedro
García Gimeno ha dicho en el juicio de Gürtel por supuestas
contrataciones ilegales por la visita del papa a Valencia en 2006 que
recibió instrucciones de los entonces presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, y consejero Esteban González Pons.
Pedro García Gimeno es uno de los veintitrés acusados que han pactado
con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos a cambio de una
rebaja en la pena que se les pueda imponer y se enfrenta a la petición
de prisión más elevada por parte de las fiscales, 40 años de prisión. El exresponsable de RTVV ha recordado que el arzobispo
de Valencia le comunicó que tenía interés en que RTVV se hiciese cargo
de la señal de televisión de la visita del papa con motivo del Encuentro
Mundial de las Familias en julio de 2006, así como de la instalación de
pantallas y megafonía para que la gran cantidad de participantes
pudieran seguir el evento en toda la ciudad.
Y ha
añadido: "Recibí una llamada telefónica del entonces presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, en la que me dice que no dijese que no a
ningún requerimiento que viniese de la organización y que diese todas
las facilidades para que las peticiones se llevasen a cabo".
No obstante ha asegurado que no recibió instrucción alguna de otro de
los acusados, el entonces consejero de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Juan Cotino, ex director general de la Policía y
expresidente de las Cortes Valencianas, para quien la Fiscalía pide 11
años de prisión.
García Gimeno ha agregado que en
febrero de 2006 recibió una llamada del entonces consejero de
Comunicación, Esteban González Pons, en el que le dijo que el
responsable de Gürtel en Valencia y también acusado, Álvaro Pérez, El
Bigotes, estaba enfadado porque le habían dejado fuera de las
contrataciones de la visita del papa y que "había que darle el tema de
las pantallas y la megafonía". Ha añadido que por
ello la RTVV contrató a Teconsa, que según la Fiscalía era una empresa
instrumental del grupo encabezado por el líder de la trama e igualmente
acusado en esta pieza, Francisco Correa.
"En RTVV yo
recibía muchas órdenes políticas tanto para contenidos de los
informativos como de contrataciones lo que ya era habitual con mis
antecesores", ha apostillado Pedro García Gimeno. Y ha concluido diciendo: "Estoy arrepentido de haberme dejado llevar y de haber caído en la tentación"
Las fiscales estiman que utilizando gestiones realizadas por Cotino los
acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa
contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y
torres de sonido por 7.493.600 euros y que se hiciera cargo del gasto la
RTVV, con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.
Así se repartieron supuestamente 3.387.197 euros de dinero público
entre Pedro García Gimeno -que según la fiscal habría recibido 500.000
euros-, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el también
acusado José Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de empresas de la trama.
Por su parte, según la Fiscalía, Juan Cotino recibió de las empresas
del grupo Correa como regalo un chaquetón valorado en 375 euros.
Francisco Correa, para quien la Fiscalía pide 38 años de cárcel, ha
comunicado al final de la jornada de este lunes al tribunal que aunque
iba a acogerse a su derecho a no declarar estaba dispuesto a hacerlo ya
que por vez primera denota imparcialidad en un tribunal de un juicio de
Gürtel.
Cuando el presidente de la Sala le ha dicho
que tendría que ser ya en la sesión de este miércoles Correa le ha
comunicado que entonces aplazaba su declaración al final del juicio en
el turno de última palabra ya que no quería volver a la vista pues debe
madrugar a las cinco de la madrugada para ser conducido a la sede
judicial. El presidente del tribunal le ha agradecido
que haya apreciado imparcialidad en la Sala y le ha pedido un esfuerzo
para que vuelva en la sesión de este miércoles a prestar declaración, a
lo que Correa ha accedido finalmente.
De lo que dirá
mañana ha adelantado que el evento objeto del juicio que costó algo más
de siete millones de euros "valdría 25 millones en cualquier parte del
mundo". El número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, que se
enfrenta a una petición de las fiscales de 37 años de prisión, sí se ha
acogido a su derecho a no declarar.
Previamente ha
declarado Álvaro Pérez, El Bigotes, que se enfrenta a la misma petición
de pena que el anterior, que ha dicho que Camps le remitió a Cotino pues
era "el que decidía las adjudicaciones".