EFE | CCOO y UGT han urgido al Gobierno a tomar medidas para "taponar" la
vía de los despidos, que creen que pueden superar el millón solo en
marzo, y a controlar más las causas de la regulación temporal de empleo
(ERTE), a la que están recurriendo de forma masiva las empresas ante la
crisis del coronavirus.
En una rueda de prensa conjunta, el secretario general de CCOO, Unai
Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han reconocido que las cifras de
trabajadores afectados por algún tipo de medida de ajuste laboral
durante esta pandemia está superando las previsiones más pesimistas y
han urgido al Gobierno a tomar más medidas, tanto de protección a
colectivos más vulnerables, como para impedir los despidos y controlar
mejor los ERTE aunque sea tras su aprobación.
En el caso de los despidos individuales, proponen aplicar una
"moratoria" para que no se pueda despedir durante esta crisis, vincular
la obtención de financiación a no rescindir contratos o elevar la
indemnización a 45 días con un pago mínimo equivalente al salario mínimo
(950 euros) para que "no sea rentable despedir", ha explicado Sordo.
El líder de CCOO ha avanzado que los despidos este mes "seguramente van a
andar en el entorno de un millón", tres cuartas partes de ellos en
contratos temporales vinculados a hostelería o comercio, entre otros. Álvarez ha abogado también por dificultar las subvenciones a las
empresas que despidan o que no sea posible acogerse a ningún tipo de
despido que no sea el improcedente.
"Los que despiden tienen que ser conscientes de que están haciendo un
mal a la economía española y a sus propias empresas", ha dicho Álvarez,
que ha reconocido que las cifras de afectados por medidas de ajuste
laborales son "astronómicas" por encima "de las previsiones más
pesimistas".
Ambos han asegurado que estas cuestiones fueron planteadas al Gobierno en la reunión mantenida a comienzos de esta semana.
Junto a esto, han defendido las medidas aprobadas para facilitar los
ERTE que ya son los suficientemente "automáticos" y han apelado a las
empresas a usarlos para evitar los despidos, pero también desde la
responsabilidad dada la flexibilidad y las ayudas públicas con las que
cuentan.
"Hay que evitar picarescas", ha señalado Sordo.
Y por ello, han instado al Gobierno a que, ya que se avalan sin poder
evaluar la causa "a priori", se "reserve el derecho a revisarlos a
posteriori", para evitar que alguna empresa pueda acogerse al de fuerza
mayor (que exime del pago de las cotizaciones sociales) en vez de al de
causas económicas. "No está en la misma situación el que pierde la temporada turística de
Semana Santa, que ya no vuelve, que el que tiene que diferir su
producción al segundo semestre", han explicado.
Además de "taponar la vía de agua" que están provocando los despidos en
esta crisis, ambos líderes sindicales han asegurado que hay colectivos
que se han quedado fuera de la protección aprobada por el Gobierno. En concreto, se han referido a las personas a las que se les despide y
no tienen prestación por desempleo porque no han generado el derecho o a
las que se le termina un contrato eventual, para los que piden una
prestación como la de los incluidos en ERTE.
En este sentido, han añadido que estos colectivos "ya estaban en el
espíritu de la norma aprobada" y que podrían ser incluidos en la misma
vía Consejo de Ministros o vía instrucciones del propio Ministerio de
Trabajo. Asimismo, han urgido a aprobar un "subsidio nuevo" para las empleadas de
hogar, tanto para aquellas que estaban dadas de alta a la Seguridad
Social y que han sido despedidas por la crisis del COVID-19, como para
las que no lo estaban.
Ambos están de acuerdo en que continúe la producción en aquellos
sectores que siguen funcionando, con la excepción quizás de algunos
ámbitos de la construcción, si bien han exigido que sea obligatorio para
ello que se cumplan todas las medidas de seguridad y protección de sus
trabajadores. "No puede ningún centro de trabajo que esté abierto y no cumpla las medidas de seguridad", han dejado claro.
Los dos sindicatos han reclamado también un "apoyo decidido" de Europa,
que creen que debe movilizar recursos, en tanto que han descartado las
manifestaciones el próximo 1 de mayo para el que buscarán otros formatos
de reivindicar los derechos de los trabajadores.