EFE | El Gobierno ha dejado en manos de la autonomía universitaria la
decisión de terminar las clases de forma "online" y cómo hacer los
exámenes, incluso si se levanta el estado de alarma por la crisis del
coronavirus, y les permite también elegir si las prácticas pasan al
curso siguiente o a los meses de verano.
"Las decisiones últimas sobre la adaptación de la enseñanza
universitaria a las condiciones de emergencia sanitaria en las que nos
encontramos corresponden a las universidades en el ejercicio de su
autonomía", en colaboración con su comunidad, aunque cualquier decisión
"debe respetar" las medidas sanitarias decididas por el Gobierno.
Así se ha establecido este jueves en la Conferencia General de Política
Universitaria, a la que han asistido de forma telemática el ministro de
Universidades, Manuel Castells, y las comunidades autónomas, después de
que el curso presencial esté parado desde el pasado 14 de marzo, cuando
se decretó el estado de alarma.
La Universidad de Barcelona, la Universidad de Cantabria, la Universidad
Navarra y todas las universidades públicas andaluzas han sido las
primeras en anunciar esta semana que terminarían el curso sin clases
presenciales y de forma virtual.
Sin embargo, el Gobierno Vasco ha rechazado de manera "frontal" dar por
terminadas las clases presenciales de este curso en la universidad,
hacer una "quita" del 50 % en las prácticas universitaria y unificar el
final del curso en todos los centros.
Castells y las comunidades se han emplazado a una nueva reunión el
próximo día 15 de abril para garantizar el cierre del curso de "manera
coordinada" y no descartan que todo siga siendo "online" o que haya
mecanismos semipresenciales si las autoridades sanitarias lo consideran
factible.
Han reiterado que el objetivo es garantizar que "no se producirá ninguna
pérdida de curso escolar en ninguna de las universidades", ha señalado
Universidades en una nota. En la reunión, a la que ha asistido también el secretario general de
Universidades, José Manuel Pingarrón, se ha instado a que no haya
"detrimento para ningún miembro de la comunidad universitaria, ya sean
estudiantes, docentes, persona investigador o personal de administración
y servicios".
Se ha reconocido que, dado que la evolución de la pandemia en España y
en el mundo es actualmente imprevisible, están condicionados "los plazos
temporales en que sea posible retornar a la enseñanza presencial".
Por ello, hay que "estar preparados para todas las eventualidades", y en
las Universidades, con el apoyo de sus consejerías autonómicas y del
propio departamento que dirige Castells, se están organizando
modalidades de enseñanza no presencial para las actividades docentes que
aún se realizan en este curso como en la evaluación final del curso.
"Cada universidad, en función de sus posibilidades, determinará la
vigencia de dichas modalidades, así como las fechas de su aplicación,
según la evolución de la pandemia", se ha recalcado. Las universidades consultarán e informarán a sus estudiantes, docentes y
trabajadores de las medidas adoptadas "para que puedan prepararse con
el tiempo suficiente para efectuar la evaluación o examen final con las
debidas garantías", según se ha acordado.
Asimismo, se deberá tener en cuentas las condiciones propias de cada
estudiante para adaptarse a las modalidades de enseñanza y evaluación
que se decidan. En cuanto a las prácticas presenciales, que forman parte de algunas
enseñanzas, "deberán adaptarse a las posibilidades de realización, tanto
en la forma como en sus tiempos de realización, que podrían desplazarse
al curso siguiente o a los meses de verano".
Por otra parte, el Ministerio ha recalcado que la validación de la
calidad de las enseñanzas y de los títulos correspondientes, completadas
bajo nuevas modalidades en función del estado de emergencia, será
realizada por las Agencias de Evaluación de cada comunidad autónoma, en
coordinación con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca) para acordar "criterios homólogos".
Manuel Castells se ha comprometido a asegurar la "coordinación" las
políticas de todas las comunidades, en lo posible, y poner al servicio
de la comunidad universitaria cuanta información y recursos, en
particular tecnológicos, puede aportar su Ministerio. Alrededor de 1.500.000 universitarios y 122.000 docentes siguen su
actividad solo de forma "online" desde casa desde el pasado 14 de marzo.