EDUCACIÓN
Varias comunidades rechazan el plan de fin de curso por generar desigualdades
EFE | Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León han reclamado una
legislación concreta y precisa con los criterios de evaluación,
promoción, repetición y titulación de los alumnos para apoyar el plan
sobre el fin de curso del ministerio de Educación, que consideran que
generan "agravios" y "desigualdades", una opinión que suscribe gran
parte de la comunidad educativa y los sindicatos.
Esta demanda se produce un día después de que en la Conferencia
Sectorial de Educación entre el Gobierno y las comunidades se
consensuara un documento que contempla que pasar de curso será la norma,
sin que eso signifique se va a dar un aprobado general, y que la
repetición será una "medida excepcional".
Además, establece que la evaluación de este curso 2019-2020 será
continua y la titulación "debe de ser la práctica habitual" para los
alumnos que finalicen 4º de ESO o 2º de Bachillerato y FP, según
Educación, que insiste que en que esta decisión será tomada, en todo
caso por el claustro de profesores en su conjunto.
La Junta de Andalucía ha manifestado que "en tanto no se establezcan en
el acuerdo de manera expresa" las condiciones de promoción o titulación
de los alumnos, no puede apoyar al Gobierno.
Y recuerda que hay una normativa fijada, que en la ESO establece la
opción de promocionar con dos asignaturas suspensas y con tres
excepcionalmente, mientras que para titular en bachillerato hay que
aprobar.
En el mismo sentido, se han pronunciado los responsables educativos de
Madrid, que han rechazado que se deje "en manos" de las comunidades los
criterios para la obtención de un título, cuando "tienen que ser
uniformes". Según la consejería de Educación de Madrid, el Ministerio "quiso lavarse
las manos" en una competencia nacional y no quiso fijar "cero, una o
tres" asignaturas suspensas, pese a que los títulos expedidos tienen
validez en todo el territorio nacional y ha asegurado que en Madrid
"será cero".
Por su parte, Murcia cree que sería una “injusticia” que cada comunidad
tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar
desigualdades entre los alumnos. No obstante, si el ministerio no dicta esas instrucciones, ha asegurado
que la consejería no dejará desamparados a los docentes y, de hecho,
está ya perfilando instrucciones que entregará a los centros educativos
para llevar a cabo las evaluaciones y promociones. Una decisión que también ha tomado el Gobierno Vasco, que va a definir
cómo serán las evaluaciones de los alumnos y qué criterios se seguirán.
Por su parte, la Junta de Castilla y León ha trasladado al Ministerio su
apoyo general al acuerdo, salvo con el apartado de la promoción y la
titulación, para el que ha pedido más concreción, que quiere analizar en
una nueva reunión. Para la Junta, estos puntos no son "tan urgentes como el resto de
cuestiones en las que sí hubo consenso y que permite a las comunidades
avanzar en la gestión de la educación".
Fuentes de Educación han confirmado que Andalucía, Madrid, Murcia y
Castilla y León, han expresado discrepancias sobre la aplicación del
texto, así como el País Vasco "por una cuestión de competencias",
mientras que el resto de comunidades se han adherido a este acuerdo que,
según la normativa de la Conferencia Sectorial, tiene carácter
vinculante.
Educación recuerda que las comunidades que no se han adherido ahora
pueden hacerlo más adelante si así lo consideran e insiste en que la Ley
educativa LOMCE, que es la que está en vigor, es una norma que rige en
todo el Estado. Los docentes también han demandado una norma común de "obligado
cumplimiento" a través de su sindicato ANPE. Su presidente, Nicolás
Fernández, ha lamentado, en entrevista con EFE, que no se haya
consensuado una normativa clara, que no deje "al albur" de los gobiernos
regionales decisiones que pueden afectar al principio de igualdad de
oportunidades del alumnado
Por su parte CSIF, que ha lamentado "la falta de liderazgo de
Educación", ha insistido en que la forma de promoción y titulación están
reguladas por ley orgánica y el decreto de alarma no modifica esta
realidad normativa. La Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ha expresado que la
unidad de la comunidad educativa es fundamental y ha exigido que los
alumnos más vulnerables puedan disponer de los medios necesarios para
superar el curso.
Si bien Save the Children, que había reclamado la apertura de centros
escolares en verano para atender a los más vulnerables, considera que
las medidas acordadas tienen unos objetivos adecuados, la práctica puede
no serla por su falta de concreción normativa y de recursos. A juicio del Sindicato de Estudiantes, el Ministerio de Educación
"vuelve a fallar" porque sus medias no dan "una respuesta positiva a las
necesidades" del alumnado y se niega a aceptar la realidad de que el
curso ya ha terminado, al proclamar que se cerrará en junio.
Escuelas Católicas lamenta que la decisión de la Sectorial añada mayor
confusión a un momento de "tanta incertidumbre social" y dice que "no es
responsable" ahondar en las desigualdades territoriales ni generar la
sospecha de diferencias de trato entre centros. Por su parte, los centros privados, representados en ACADE, han
reivindicado la "autonomía diferenciada" que les reconoce la ley y han
pedido "flexibilidad para ampliar el curso en el mes de julio.