EFE | El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que el Gobierno quiere presentar en mayo
para ayudar a personas vulnerables con dificultades para afrontar sus
gastos básicos, complementará las rentas mínimas de inserción de las
Comunidades Autónomas, que en 2018 supusieron un gasto de más de 1.500
millones de euros.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, estas
prestaciones asistenciales beneficiaron a cerca de 680.000 personas con
una cuantía media mensual por titular de 463 euros al mes. La idea del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que ultima el
IMV en colaboración con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, es que
esta renta tenga carácter permanente y se complemente con la de las
autonomías, hasta un tope, lo que permitiría llegar a un mayor número de
beneficiarios.
El objetivo son 3 millones de potenciales beneficiarios llegando a 1 millón de hogares, de los que 100.000 son monoparentales. La cuantía básica media de las rentas mínimas de inserción de las
Comunidades Autónomas fue en 2018 de 463,05 euros mensuales, un 2,8 %
más que en 2017, si bien el gasto total ejecutado se situó en 1.519
millones de euros, un 1,67 % menos. En cuanto a titulares y miembros de la familia dependientes de ellos, en
2018 hubo 679.180 perceptores o beneficiarios de rentas mínimas de
inserción, de los que 374.883 eran mujeres y 304.297, hombres.
Por nacionalidad de los perceptores, el 74,6 % eran españoles y el 25,4 %, de nacionalidad extranjera. Por grupos de riesgo, predominan el de familia monoparental y el de
personas sin hogar o exclusión social severa. Y en edad, el grupo
mayoritario es el que está entre 35 y 44 años, seguido del que está
entre 45 y 54 años. Por cuantías, la mayor está en el País Vasco, 644,4 euros, y la menor en
Ceuta, con 300 euros. Cada comunidad aplica referencias diferentes
tanto para las cantidades (IPREM, cuantías fijas, variables según número
de hijo) como para acceder a ellas.
De ahí también radican las diferencias entre beneficiarios por regiones, más allá del mero elemento poblacional. En su estudio sobre los programas de ingresos mínimos en España, la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recordaba el
año pasado que estas rentas mínimas "son el único instrumento no
categórico que ofrece protección frente al riesgo general de pobreza" y
señalaba la fragmentación del sistema y las disparidades territoriales.
"Los problemas de desigualdad territorial y de falta de cobertura de la
parte de la última red que compete a las Comunidades Autónomas se unen a
los tres grandes problemas de las prestaciones asistenciales del
Gobierno central, que son la fragmentación, las bajas cuantías y los
huecos que dejan fuera del sistema a determinadas categorías de la
población", resumía la AIReF.